Miércoles, 22 de Noviembre de 2017
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Lucy Grimalt, diputada provincial (Red de Participación Popular)
"Una ley de acceso a la información pública le pondría límites claros al Poder Ejecutivo"
La legisladora opositora opina que una iniciativa de este tipo fortalecería el sistema de contrapesos y limitaría la discrecionalidad de los funcionarios públicos. Sostiene que no se debate porque se privilegian intereses corporativos.
Pasaron 2 años y tres meses desde que Grimalt propuso su proyecto de ley de acceso a la información pública en Entre Ríos Sin embargo jamás fue tratado en la comisión a la que fue girado el expediente. En diálogo con accesolibre.org, la diputada de la Red de Participación Popular denuncia la sumisión de los legisladores oficialistas ante las órdenes del gobernador Jorge Busti y advierte sobre los beneficios que reportaría a los ciudadanos la transparencia de los actos públicos
-¿Por qué decidió impulsar un proyecto de ley de acceso a la información pública?
-Después del estallido del 2001 hubo un pedido ciudadano para que se reconfigurara el sistema político y se refortalecieran las instituciones de la democracia. Por eso me pareció importante que quedara a disposición de todo el mundo, y de manera transparente, el funcionamiento del Estado provincial en sus tres poderes. Entendí que esa demanda, que en el 2001 se puso de manifiesto con el famoso "que se vayan todos", era necesario retomarla, y para eso resulta imprescindible que cada uno se haga cargo de lo que le corresponde. Y por eso todo funcionario público debe dar cuenta ante la ciudadanía de las cosas que hace, cómo las hace, por qué toma determinadas decisiones y cómo maneja esa posibilidad que tiene de decidir sobre el destino del pueblo. Además no puedo obviar que integro el Legislativo, que es el poder más débil del Estado entrerriano, el que tiene menos fortaleza política para plantarse ante el Ejecutivo. Y por eso entiendo que una ley como ésta, de acceso a la información pública, puede servir para fortalecer a determinadas instituciones pero no según los intereses de las corporaciones –políticas, económicas o que responden a determinados intereses-, que quieren la menor circulación de información, ya que en eso reside su fortaleza para existir y tener más poder que otras. A medida que se socializa la información y se sabe qué es lo que hacen el Estado y sus funcionarios, lo que se hace es darle más poder a las instituciones que son representativas de pueblo en desmedro de estas corporaciones.
-¿Eso explica que el proyecto no haya sido debatido en la comisión de Legislación General, adonde fue girado hace 27 meses?
-Sin duda. Además esto explica que tengamos un Poder Legislativo muy débil, porque sin obviar la autocrítica, en ocasiones siento que éste es un poder que simula. Simula que hace tal cosa, simula que dice tal otra, cuando en realidad son muy pocos los hechos políticos importantes que genera y que pueden motivar una transformación que le imponga determinados límites al Poder Ejecutivo. Una ley de este tipo le estaría poniendo límites claros al Poder Ejecutivo. Pero que no se trate obedece a que los legisladores no le dan importancia a determinados temas, lo que representa a su vez una falta de visión política. No tratar una ley como ésta lo único que provoca es beneficio para las corporaciones que están enquistadas en el Estado y que pueden moverse con mucha facilidad, ya que si la información y lo que hace el funcionario público está cerrado y vedado, impide el control y favorece a esos intereses en particular, perjudicando a la ciudadanía en su conjunto.
-¿Hubo alguna explicación para que no se tratara ese proyecto por parte del diputado Enrique Cresto, que preside la comisión de Legislación General?
-No, para nada. Para este proyecto y para otros que son muy importantes no hay explicación alguna sobre la falta de tratamiento. Pero es algo que pasa no sólo en la comisión de Legislación General, sino que sucede también en la de Presupuesto, en la de Recursos Naturales y en varias otras porque el oficialismo tiene la misma dinámica: le impone rápido tratamiento a las urgencias del Ejecutivo y relega lo demás. Por eso el tratamiento de otros proyectos es mucho más lento.
-Sin embargo el oficialismo dice que lleva adelante una política de transparencia. ¿Cómo se entiende que los legisladores del propio justicialismo no presten su apoyo a una iniciativa de este tipo?
-Eso es algo que habría que preguntárselo a ellos. Sería bueno que el oficialismo presentara su proyecto sobre este tema porque quizá así se pueda abrir la discusión. Es cierto que el oficialismo dice que promueve la transparencia, incluso organiza seminarios para difundir el derecho de acceso a la información pública y me parece muy bien que eso ocurra, pero entonces debería estar presentando un proyecto de ley. No necesariamente hay que discutir sobre transparencia y acceso a la información en base a los proyectos presentados por la oposición. Sin embargo el oficialismo no presentó una iniciativa de este tipo y bienvenido sea que eso ocurra. Si eso contribuye a que lo podamos tratar en la comisión, bienvenido sea. Me parecen fantásticos los discursos y los seminarios, pero eso no se concreta en la acción política pura, que en Entre Ríos nos permitiría contar con una ley que claramente estuviera limitando el ejercicio abusivo de la información que hacen los funcionarios públicos y la gestión de intereses que hacen a la cosa pública.
-Usted también presentó un proyecto para que se difundan las audiencias de los funcionarios públicos. ¿Por qué no se trató?
-Porque sucede lo mismo que con el proyecto de ley de acceso a la información pública, las explicaciones son similares. Está claro que si no hay interés en el tema por parte del Poder Ejecutivo, los legisladores enrolados en el oficialismo no lo toman. Más allá que una proponga verlo y discutirlo, o que pida el llamado para que la comisión lo trate, no hay posibilidad de producir un debate.
-¿Pero esta sumisión de los legisladores del oficialismo a los dictados del Poder Ejecutivo no supone la intromisión de un poder del Estado en el ámbito de competencia de otro?
-En términos formales sí, supone esto. Pero en términos políticos es mucho más que eso. Demuestra que tenemos una democracia formal, con una República que se divide en tres poderes, pero uno de ellos, que tiene una función elemental como la de poder crear las normas para que esa sociedad y ese Estado se manejen, está debilitado y prácticamente sin voz política. Por eso se vuelve totalmente permisivo a las sugerencias o a los tiempos que le impone el otro poder. Y en este tipo de leyes tan decisivas como la de acceso a la información pública o el proyecto de ley de medicamentos, están en a misma situación. Lo mismo puede decirse del proyecto de ley de pesca, que se debatió en las dos Cámaras y que brindaría el marco legal para poder preservar el recurso ictícola que está seriamente comprometido. Pero legislar sobre esto no generaría un problema social con los pescadores, sino un problema de otra envergadura a raíz de los intereses económicos de los frigoríficos exportadores, y por eso no se trata. Y si alguna vez llega a salir, seguramente no responderá a la situación porque será vieja. Por eso una ley de transparencia serviría para comenzar a revertir la situación en que se encuentra el Poder Legislativo de Ente Ríos: el más débil, el que menos política hace y permisivo a las sugerencias, influencias y presiones del Poder Ejecutivo
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