Miércoles, 22 de Noviembre de 2017
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Mariela Belski, responsable del Área de Acceso de la ADC
"Falta una campaña de difusión del acceso a la información por parte del Gobierno"
La especialista sostiene que la mayoría de los ciudadanos desconoce de qué se habla cuando se menciona este derecho Y si bien destacó la implementación de enlaces a nivel nacional, se quejó de la falta de respuestas en la Ciudad de Buenos Aires.
Belski está al frente del Área de Acceso a la Información de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y opina que no sirve tener normas que cumplan con los estándares internacionales en esta materia si no se difunden. En diálogo con accesolibre.org habló de lo que pueden hacer las ONG para divulgar este derecho, explicó por qué es caótico obtener información pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y precisó las consecuencias que tendrá en la región el fallo por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Chile por negarse a brindar información.
-El 28 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial por el Acceso a la Información, la ADC salió a la calle para difundir este derecho. ¿Cuál fuel a respuesta?
-Nos encontramos con personas muy entusiasmadas por recibir una remera –además de folletos distribuyeron remeras con la siguiente inscripción: "Todos tenemos derecho a la Información. 28 de Septiembre: Dïa Mundial por el Acceso a la Información"- y preguntando qué estábamos promocionando. Muchos pensaron que se trataba de un chicle light, quizá por los colores verde y violeta de los folletos con los que explicábamos cómo se puede pedir información al Estado nacional. Entonces comenzábamos a explicar qué tipo de información se puede pedir, de qué manera se debe hacer y advertíamos que cualquier persona tiene derecho a solicitar lo que quiera y no se lo pueden negar. Fue así como tratamos de difundir este mensaje en la calle, y después fuimos a universidades donde se dicta la carrera de Comunicación Social, donde dimos una mini clase a los estudiantes, a lo que se sumó una actividad similar en dos universidades donde se dicta la carrera de Derecho. Eso fue lo que hicimos para tratar de generar demanda, que es lo que hoy más nos interesa.
-¿Cómo se entiende esta respuesta del ciudadano común habida cuenta de que el acceso a la información pública en el Ejecutivo nacional está reglamentado desde hace casi tres años?
-A nivel nacional el trabajo hecho por la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, que es el órgano de aplicación del decreto 1.172. fue muy bueno porque logró incorporar la norma hacia adentro de la administración. El haber generado enlaces en todos los ministerios y que junto con los responsables de acceso a la información estén entusiasmados con este tema es muy bueno. A nosotros nos sucede que pedimos información y llegado el momento viene el enlace, toca la puerta y te dice: "Hola, acá te traigo tu respuesta". Se trata de un vínculo muy personalizado y se trata de algo muy loable, muy válido. Para quienes trabajamos durante varios años en el Estado, lograr eso no es fácil, porque requiere de un proceso más largo. Pero la otra pata de este proceso, el déficit, es que el Estado no puso energía o no pudo en difundir el derecho. No se entiende que se haya generado un aparato de implementación de la norma muy preparado para buscar información pero que no se reciben suficientes pedidos por parte de los ciudadanos. Sin duda algo está fallando: una seria campaña de difusión por parte del Gobierno, ya que lo que falta es que la ciudadanía se entere. No tiene idea de lo que se está hablando.
-¿Eso es algo que pasa a nivel nacional y también en esta ciudad con la Ley 104?
-Eso es lo que pasa a nivel nacional. En la ciudad de Buenos Aires existe una ley muy garantista y muy buena, que respeta los estándares nacionales e internacionales en la materia, pero hay un problema: no se reglamentó. Por eso no hay una implementación de la norma hacia adentro de la administración y por eso no hay enlaces, con nombres y apellidos, que en cada área reciban los pedidos de información como sucede en cada ministerio nacional. En la Ciudad es más caótico porque no se sabe a quién se debe presentar la información y puede suceder, porque nos ha pasado, que un funcionario reciba un pedido de información y no sepa de qué estás hablando cuando invocás la Ley 104. No sólo que no se capacitó dentro de la administración sino que tampoco se hizo una campaña de difusión de este derecho, con lo cual existe un doble problema. Por eso la sanción de normas que cumplen con los estándares internacionales no sirve si no va acompañado de campañas de difusión para que los ciudadanos la conozcan.
-Termina siendo letra muerta…
-Exacto, eso es lo que pasa. Tuve oportunidad de ver unas estadísticas del Gobierno nacional, y está claro que los que más pedimos información somos las organizaciones no gubernamentales y los periodistas, algún estudiante de Periodismo y algún que otro estudiante de Derecho. Es decir, personas con cierto nivel profesional. Un ciudadano común no sabe, no puede. Me parece que falta difusión y capacitación. Alguien puede decir que la tarea de capacitación corresponde a la s ONG y puede ser cierto. Nosotros lo hacemos en la medida en que podemos, ya que tenemos recursos humanos y económicos muy limitados para eso.
-Cuando se le planteó al Gobierno nacional que había muy pocos pedidos de información desde la entrada en vigencia del decreto 1.172, se salió a cuestionar esa información divulgada por el diario La Nación. ¿Hay realmente un registro serio y cierto que lleve el Gobierno nacional para saber si este decreto se está convirtiendo en una herramienta válida la participación ciudadana?
-Sé que la Subsecretaría tiene una estadística de pedidos formulados desde que entró en vigencia el decreto 1.172. La vi pero no recuerdo con exactitud esos resultados en este momento, pero no era una cantidad significativa. Y en esa estadística también podía verse quiénes pedían, y se confirmaba lo que decía anteriormente acerca del perfil de los peticionantes.
-¿Y qué resultados arrojaron los monitoreos efectuados por la ADC?-Nosotros hicimos uno en el 2004, que básicamente demostró esto que veníamos conversando sobre los problemas en la Nación y en la Ciudad. Lo que hicimos fue presentar los mismos pedidos de información a través de un periodista y de un ciudadano común para ver si había algún tipo de discriminación o de preferencia en el tratamiento. Nos sucedió que en algunos casos se verificó eso, pero también pasó que hubo muchas preguntas sin contestar, aunque debo reconocer que el monitoreo se hizo a poco de entrada en vigencia del decreto 1.172 y esto de los enlaces recién empezaba. Y en la Ciudad nos pasó de encontrarnos con funcionarios que admitían no saber de qué les estábamos hablando cuando invocábamos la Ley 104, que existe desde 1998. Actualmente no estamos llevando adelante ningún monitoreo, pero hacemos pedidos de información relacionados con las áreas en las que trabajamos y también prestamos asesoramiento a periodistas, estudiantes o ciudadanos, como si fuera una especie de clínica de acceso a la información en la que simplemente hacemos pedidos que tienen una cierta finalidad. Pero no los hacemos como parte de un monitoreo. La realidad es que a nivel nacional tuvimos muchísimas respuestas, y un ejemplo es la información relacionada con la pauta publicitaria. Nosotros tenemos un programa sobre publicidad oficial y nos dieron todo lo que pedimos, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires conseguimos información parcial. También en la Nación nos dieron toda la información relacionada con la situación en las cárceles y también sobre discapacidad. Sin embargo recibir respuesta del Gobierno de la Ciudad es más complicado.
¿Por qué?
-Porque no responden o porque lo hacen parcialmente. Nosotros somos muy pacientes, y como sabemos que los plazos que se establecieron para las respuestas no alcanzan, solemos esperar antes de iniciar una demanda. Pero en la Ciudad los funcionarios suelen contestar mucho después del plazo previsto para hacerlo. Tanto la Nación como el Gobierno de la Ciudad están empezando a pedir prórrogas, lo cual es bueno, porque supone que se están tomando en serio este ejercicio. También sucede que ante el pedido de información más sensible las respuestas son parciales o ambiguas. Quizá el ejemplo más claro sea el de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), a la que consultamos sobre la cantidad de delitos vinculados con la administración pública que había descubierto a raíz de sus auditorías dentro del Poder Ejecutivo. Nos respondieron que debíamos consultar a la Oficina Anticorrupción, porque la SIGEN tiene la obligación de denunciar ante ese organismo. Y entonces fuimos con el pedido de información a la Oficina, que nos contestó que se trataba de 19 delitos pero no nos dijeron cuáles eran. Nos dijeron que la base de datos no permite saber de qué delitos se trata. Eso no es creíble.
-Se acaba de conocer un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el que condenó a Chile por negar el acceso a la información en un caso relacionado con un fallido proyecto de inversión. ¿Qué significa eso para la región, qué impacto tiene?
-Es muy importante porque todos los países que ratificaron tratados de derechos humanos tienen la obligación de seguir la jurisprudencia de los tribunales internacionales dentro de sus jurisdicciones. En Argentina la Corte Suprema sigue los dictámenes de la Corte Interamericana, con lo cual es muy relevante lo que sucedió con Chile. Nosotros tenemos un caso relacionado con la negativa de la Cámara de Diputados de la Nación a brindar copias de las declaraciones juradas de sus miembros, y si ese expediente llega a la Corte, que es un hecho, tendrá que considerar el caso Claude por el que se condenó a Chile. Lo cual no es un dato menor. Si ese fallo no hubiera existido, la Corte habría tenido más libertad para tomar otra decisión, pero ahora tendrá que pensarlo mucho más.

(Entrevista realizada el 13 de octubre de 2006 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
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