Jueves, 23 de Noviembre de 2017
Contacto Buzón de consultas Suscripción Reportajes Noticias Inicio
Maximiliano Campos Ríos, director de Transparencia de Democracia Representativa
"El poder del ciudadano reside en el ejercicio de sus derechos"
Esa fue la conclusión que le dejó un pleito con la Legislatura porteña, que se negaba a difundir el patrimonio de sus miembros. Por eso Campos Ríos celebró que tras su caso hubiera más pedidos de información pública.
En diálogo con accesolibre.org, Campos Ríos se quejó por el insuficiente control ciudadano sobre los actos de gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, tras repasar el largo proceso que debió sortear hasta conocer las declaraciones juradas de los legisladores porteños, el director del Área de Transparencia de Democracia Representativa concluyó que la disputa judicial no fue en vano: hubo más ciudadanos que invocaron las Ley 104 y se modificó el formulario que deben completar los diputados.
Con su caso Campos Ríos no sólo sentó un precedente, sino que demostró lo que es capaz de hacer un vecino que está dispuesto a hacer valer sus derechos. Esa fue la intención con la que surgió este reportaje, del que se transcriben los pasajes más importantes.
-¿Esperaba que hubiera resistencia por parte de los legisladores porteños a informar sobre la conformación de sus patrimonios?
-No, para nada. El pedido fue hecho en el 2004, y la ley estaba vigente desde 1998. La Ley de Acceso a la Información Pública de la Ciudad de Buenos Aires es una ley de avanzada, progresista, y que incluso dice que toda persona tiene derecho a pedir información, con lo cual lo homologa a un derecho humano. Por eso me sorprendió que habiendo pasado tanto tiempo los legisladores porteños se negaran a brindar esa información.
-¿Cuántos de esos legisladores que se negaron a informar sobre la conformación de sus patrimonios votaron la Ley 104?
-Bastantes. Pero el caso paradigmático quizá haya sido el de Anibal Ibarra, que siendo jefe de Gobierno y uno de los coautores de la norma, se negó a brindar su declaración jurada de bienes ante el pedido de la Fundación Poder Ciudadano. Fue algo raro, porque tuvo una actitud en 1998 y actuó de otra manera cuando le tocó estar del otro lado del mostrador. Por eso me parece que esta doble cara de los funcionarios públicos cuando están en una fase de construcción de poder y cuando están en el gobierno es llamativa. Lo cual confirma lo que decía la presidenta chilena (Michelle) Bachellet: "Cuando están en campaña los políticos recitan poesía, pero cuando gobiernan lo hacen en prosa".
-¿Por qué pidió esa información? ¿Para qué quería conocer la conformación de sus patrimonios?
-Desde la Fundación Democracia Representativa estábamos haciendo una investigación para después publicar un libro que finalmente se llamó Manual Legislativo, una especie de quién es quién de los diputados porteños. Nos interesaba ver la evolución patrimonial de cada uno de ellos y hacer uso de nuestro derecho a obtener información porque entendíamos que así cumplíamos con nuestro rol ciudadano y con los objetivos estatutarios de nuestra ONG. Cuando supimos que entre 1998 y 2004, en una ciudad de tres millones de habitantes jamás se había pedido esa información, nos sorprendimos enormemente. Nos dimos cuenta que la ciudadanía de la Ciudad de Buenos Aires era de muy baja intensidad, que no controlaba, que no participaba y que no auditaba a los poderes públicos.
-Leyendo la sentencia de este caso fue algo que me llamó la atención. ¿Realmente pudieron comprobar que jamás se había hecho una solicitud de este tipo?
-Sí, jamás un vecino, una empresa, ninguna ONG y ningún periodista habían hecho un pedido de información de las declaraciones juradas de los legisladores. Por eso el fallo fue tan fuerte y sentó precedente, porque fue la primera vez que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un poder del Estado obligó a otro a presentar las declaraciones juradas de sus integrantes en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública.
-Una vez que la sentencia quedó firme, ¿la difusión de las declaraciones juradas se hizo en tiempo y forma?
-La Cámara en lo Contencioso Administrativo dispuso que la información fuera entregada en el plazo perentorio de 15 días con certificación de escribano público. Entonces la Legislatura llamó al Escribano Mayor de la Ciudad para dar cumplimiento a la orden judicial. Es decir que convocó al escribano de otro poder para certificar las declaraciones juradas patrimoniales. Nosotros no sólo queríamos copias de las declaraciones juradas, sino que también queríamos constatar que estuvieran en sobres lacrados y en la Junta de Ética, para saber qué había ahí adentro. No teníamos la plena certeza de que se pudiera cumplir la sentencia conforme lo dispuesto por el Tribunal...
-La intención era corroborar que la información brindada realmente estuviera contenida en los sobres que estaban en custodia de la Junta de Ética...-Exacto. Como nosotros no estuvimos presentes en el momento en que se abrieron los sobres, teníamos miedo de que algún diputado no la hubiera presentado en su momento y que apareciera como uno de los que había cumplido con su obligación. Como era tanta la negativa y la cerrazón a difundir las declaraciones juradas que temíamos cualquier cosa. Además se apelaba a cualquier tipo de discurso, ya que algunos dijeron que no brindaban las declaraciones juradas por temor a una banda de secuestradores y que la difusión de esa información ponía en riesgo la intimidad y la seguridad de sus familias, cuando en realidad la Ley 104 es muy clara. Precisamente una de sus excepciones establece que no se pueden pedir datos como números de patentes, de cuentas bancarias o domicilio, pero todo ciudadano tiene derecho a conocer si un diputado tiene una evolución patrimonial que no guarda relación con sus ingresos. Se valieron de ese argumento para negarnos la información.
-¿Esperaba que algunos legisladores invocaran que se vulneraba su derecho a la intimidad?
-Sí, porque este debate entre la lucha por los derechos civiles y la inseguridad siempre se dio. En los Estados Unidos cada vez que hay guerras o atentados se declara el estado de excepción y se aprovecha para avanzar sobre los derechos civiles, y así se han ido recortando libertades. Por eso siempre ha sido muy fuerte la puja entre la vigencia de los derechos civiles y los reclamos de seguridad en todos los países del mundo.
-¿Hubo información contenida en esas declaraciones juradas que no fuese puesta a disposición de la ONG, que hubiera sido clasificada o resguardada?
-Sí, porque había un pequeño problema. El diseño del formulario con el que se recolectaban los datos patrimoniales incluía los datos privados de los legisladores. No había dos declaraciones juradas; una para difundir y otra para la Legislatura. Entonces la Junta de Ética tuvo que tachar con un marcador negro los datos privados y reproducir las fotocopias con esos datos tapados.
-¿El régimen de declaraciones juradas establece que sean secretas?
-No. Las declaraciones juradas de los funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son públicas. Eso lo dice textualmente el artículo 52 del reglamento interno de la Legislatura, y como son parte de un acto administrativo están enmarcados dentro de lo que es la Ley 104. Todo ello sin perjuicio del artículo 105 de la Constitución de la Ciudad, que establece que todos los actos de gobierno son públicos. Ni hablar de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica. Por lo tanto estaba absoluta, perfecta y completamente regulado el derecho que nos amparaba en el ámbito local, nacional e internacional. Por eso nos pareció absurdo que en algún momento pensaran en apelar el fallo, pero no se animaron por la repercusión que había tenido la sentencia. De todos modos lo bueno fue que tras este fallo se presentaron varios pedidos de información invocando la Ley 104 e incluso se modificó el formulario de las declaraciones juradas
-Teniendo en cuenta lo largo de este proceso, pese a que en los papeles un amparo debe resolverse rápidamente, ¡qué conclusión dejó esta experiencia?
-Que el poder no reside en la letra. Siempre se piensa que alguien tiene poder porque tiene leyes y constituciones que lo amparan. Pero lo que le da poder a la gente es la práctica de sus derechos. La falta de participación ciudadana en la Ciudad de Buenos Aires es notable, ya que los porteños están pensando todo el tiempo en temas nacionales como coparticipación, seguridad y no se ocupan ni se preocupan de la gestión del Gobierno de la Ciudad. Tengo la idea de que si no avanzamos hacia una verdadera democracia participativa y que la gente haga una verdadera auditoría ciudadana, en los países de Latinoamérica el sistema de pesos y contrapesos no alcanza para garantizar el freno a los abusos y la concentración de poder.
Presentación
Quiénes somos
Cómo nos financiamos
El AIP en Entre Ríos
Normativa provincial
Proyectos provinciales
Normativa nacional
Proyectos nacionales
Normativa regional
Organismos multilaterales
Fallos
Modelos de presentación
Pedidos a otros poderes
Noticias
Boletines
Oficina Virtual
Tesis
Links
Audios
Vega y la conexión Paraná-La Haya
Picolotti, sus contratos y sus viajes
Storni y el beneficio del Código Canónico
Pagos a la Asamblea de Gualeguaychú
Proyecto de ley de Publicidad de gestión de intereses del Poder Ejecutivo Provincial
Años Meses Días Horas Min. Seg.
Proyecto de ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental
Años Meses Días Horas Min. Seg.
Anteproyecto de ley del Secreto Profesional y del Derecho de Acceso a la Información
Años Meses Días Horas Min. Seg.
Proyecto de ley de acceso a la información pública
Años Meses Días Horas Min. Seg.
Proyecto de Ley de Ética Pública para la provincia de Entre Ríos
Años Meses Días Horas Min. Seg.
Buzón de consultas
Buzón de consultas
Quiénes somos | Buzón de consultas | Suscripción | Contacto | Links Noticias RSS