Martes, 17 de Octubre de 2017
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Andrés Nápoli, director del Área de Participación Ciudadana de FARN
"Al Estado no le interesa que se conozca este derecho"
El experto sostiene que el acceso a la información es desconocido. Razón por la que la mayoría no percibe los beneficios del ejercicio de ese derecho. Y dice que hay que generar conciencia ciudadana.
En diálogo con accesolibre.org, el integrante del Consejo Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), sostuvo que se valora a la información como una cuota de poder. Y que ésa es la razón por la que suele negársela.
A continuación se reproduce textualmente el reportaje que concediera en el Hotel Castelar, tras la presentación de los libros Acceso a la información y participación pública en materia ambiental; Proyecto de indicadores sobre aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental para Argentina; y Presupuestos mínimos de protección ambiental II.
-¿Por qué entre la mayoría de la ciudadanía no hay conciencia sobre los beneficios que puede generar el acceso a la información pública?
-En primer lugar porque se trata de un derecho muy poco conocido. Eso es algo que constatamos en diferentes encuestas que hemos hecho. Inicialmente las personas creen saber qué significa acceder a información pública, y cuando se pregunta un poco más terminan reconociendo que no lo saben y que tampoco efectuaron algún pedido de información. Además, no sólo se desconoce el derecho, sino que tampoco perciben cuál es el beneficio que pueden conseguir. En definitiva, se trata de un derecho que está trabajado desde los sectores interesados y por eso se hace necesario difundirlo.
-Además de la desidia o el desinterés, ¿incide otro factor?
-No. Creo que es un derecho nuevo que hay que difundirlo y a eso se suma que hay poca intención de que sea conocido públicamente.
-¿Por parte de quién?
-Por parte del Estado, de eso no hay duda. Hay una situación disímil: a nivel nacional no hay una ley de acceso a la información pública pero existe en lo ambiental; no hay una ley nacional de acceso a la información pública y hay un decreto que rige para el ámbito del Poder Ejecutivo. Parece raro, e inclusive quienes están bloqueando los proyectos más amplios en materia de acceso a la información pública son generalmente funcionarios políticos que tienen mucho que ver con el gobierno. Eso hace inentendible la situación, porque hay una suerte de temor al derecho por parte del sector público.
-Y hay también un fortalecimiento de la cultura del secreto...
-La cultura del secreto estuvo siempre, porque es hija de nuestra falta de democracia. Creo que ha crecido mucho con la democracia, pero también lo hizo por las peticiones ciudadanas. Por lo que hicieron los organismos de derechos humanos, por el trabajo de la sociedad civil y fundamentalmente no es una herramienta que sea valorada positivamente desde el Estado. Al contrario: no entregar información es algo que se valora positivamente porque es poder. Pero estamos en una era que indica e lo contrario, porque la información es poder y mucha información en manos del Estado y bien instrumentada es mucho poder para el Estado.
-¿Ni siquiera la existencia de la figura del incumplimiento de los deberes de funcionario público sirve para atemorizar a quien se resiste o niega a brindar información?
-Sucede que se trata de una figura que se aplica muy poco. Es una figura muy laxa que se extiende a una interpretación idéntica y por eso entiendo que debería trabajarse más en lo que significa la carrera del funcionario a nivel de sanciones administrativas. La figura penal la dejaría para otro tipo de delito.
-Esa negativa a que exista un verdadero acceso a la información pública, ¿obedece a comportamientos de funcionarios que se resisten a brindarla o es consecuencia de lobbys por parte de sectores que, de entrar en vigencia una ley de este tipo, deberían brindar información?
-Es el sistema en general. Creo que hay funcionarios que culturalmente están en una sintonía distinta, que no han evolucionado en ese sentido y que no le conceden el beneficio de otorgarle al ciudadano la información que solicita. Y por supuesto que hay intereses que ocultan esa información. Es una especie de retroalimentación, pero estoy convencido que éste es un derecho nuevo pero que va creciendo, porque cada vez más provincias tienen acceso a la información. Y si se toma en cuenta, por ejemplo, a las provincias patagónicas, podemos hablar de una expansión. porque va creciendo a nivel regional. Empieza a crecer en la región metropolitana y hay otras provincias en las que directamente no hay
-¿Y hay una explicaciòn para eso?
-Entiendo que la de la Patagonia es una situación rara. En general está poblada por personas que no es del lugar, sino que vinieron de otros centros urbanos. Y lo demás lo explico con algo que digo siempre: se trata de algo que sucede cono la mayoría de los fenómenos, que van del centro a la periferia. Primero surge de las metrópolis y después se empieza a expandir hacia el interior. Hay que ver qué pasa en las provincias que son de carácter más feudal, como las del noroeste argentino, y eso también tiene que ver con el avance de la democracia.
-La existencia de una Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental, ¿mejoró las cosas en este ámbito?
-Es un prerrequisito inicial. A partir de ahí hay que ejercer el derecho, que no se ejerce mucho, y desde ese lugar hay que mejorar las estructuras administrativas para que puedan brindar esa información, porque si no podemos preguntar millones de cosas y nos pueden contestar cualquier cosa o ninguna. Por eso me parece que es un ida y vuelta: primero la ley y después su implementación.
-¿Ni siquiera la existencia de la figura del incumplimiento de los deberes de funcionario público sirve para atemorizar a alguna autoridad que se resista o niegue a brindar información?
-Sucede que se trata de una figura que se aplica muy poco. Se trata de una figura muy laxa que se extiende a una interpretación idéntica y por eso entiendo que debería trabajarse más en lo que significa la carrera del funcionario a nivel de sanciones administrativas. La figura penal la dejaría para otro tipo de delito.
-¿Cuàl es el balance que hace después de estos trabajos sobre derecho ambiental?
-Dulce y amargo al mismo tiempo. Dulce porque se trató de un buen ejercicio y un buen trabajo metodológico pero con muchos déficits, porque fue una tarea que se hizo sin poder contar con suficiente información o reinterpretando la información no brindada por el sector público, leyendo la información que se brinda al público a través de las páginas web y haciendo en cierta forma el trabajo que los funcionarios públicos no quieren hacer Lo que pasa es que en la instancia en la que nos encontramos debemos sumar. Y es positivo, porque no estamos en instancias de salir a denunciar situaciones, sino en una etapa de sumar para generar conciencia ciudadana y de funcionarios
-Estos libros entonces ¿son una muestra de lucha por el poder que encierra la información pública?
-Sí. Aunque cuando lo lean, quizá muchos digan, lamentablemente: "Ah, ¿ésta era la información?". Y van a ver que hay poca información, porque en muchísimos casilleros nos quedamos con el No. Como nos resistimos a quedarnos con el No, que es un dato objetivo del indicador, tratamos de trabajar para sumar elementos positivos que nos permitan vislumbrar un Sí, vislumbrar una tendencia positiva. Creo que ése fue el gran trabajo. Y además, por supuesto, haber creado marcos metodológicos que nos permitieran construir indicadores válidos, porque si no hubiese sido imposible hacerlo.

Por Oscar Londero

(Entrevista realizada el 31 de mayo de 2006 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
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