Jueves, 23 de Noviembre de 2017
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Damián Loreti, docente de la Universidad de Buenos Aires
"El acceso a la información debe servir para resolver problemas cotidianos"
El experto sostiene que hace falta difundir este derecho, porque teme que se convierta en herramienta de periodistas y abogados. Además dice no percibir las condiciones, al menos en lo inmediato, para que se sancione una ley a nivel nacional.
-Más allá de haber terminado en fracaso, ya que no se pudo sancionar una ley de acceso a la información pública, ¿qué evaluación le merece la convocatoria efectuada a diversos sectores de la sociedad civil para que brindaran su opinión en relación con este tema?
-Para ser absolutamente honesto, la convocatoria tuvo una etapa previa, que fue hecha por la Oficina Anticorrupción a través del proceso de elaboración participativa de normas, que consistió en difundir su anteproyecto desde la página web del organismo, lo que le permitió recibir una serie de opiniones por parte de diferentes sectores de la sociedad, permitiendo mejorar bastante el proyecto original. Pero lo que aún me parece en ciernes, y de hecho lo planteé en algunas de las reuniones mantenidas entre los llamados sectores interesados, es que hay una grave desconexión de los actores beneficiarios o posibles beneficiarios de este tipo de herramientas, y de quienes promueven su adopción. Las universidades y los sindicatos de trabajadores de prensa han permanecido ajenos, como si no tuvieran vinculación con esto. Y me parece que ahí hubo un serio error de convocatoria, porque no es que no se hayan acercado, ya que me consta que ni siquiera se les había ocurrido invitarlos. Ese fue un reclamo que formulé porque me invitaron como especialista en el tema y les advertí que siendo director de la carrera de Comunicación Social de la UBA (Universidad de Buenos Aires) jamás había llegado nada en este plano como tampoco debe haber llegado al resto del país.
-¿Fue un error de comunicación o algo deliberado?
-No es antitético. Si es un error de convocatoria que corresponde a un listado predefinido de invitados, pasan las dos cosas. Hubo una estrategia deliberada de hacerlo de determinada forma, y eso le quitó permeabilidad Los temas de acceso a la información, en el mundo entero, corren un grave riesgo: la falta de difusión del conocimiento de esa herramienta. Y eso puede derivar en algo grave y sobre lo que hay que advertir, porque se puede convertir en una herramienta periodística o, en el mejor de los casos, algo exclusivo de periodistas y abogados que lo utilizan como mecanismo de prueba en juicios, cuando debiera ser algo puesto en conocimiento de toda la sociedad y que sirva para resolver situaciones cotidianas de los seres humanos. Hay un ejemplo de nuestra cátedra en Buenos Aires de una estudiante que fue al Ministerio de Salud de la Nación a peticionar, en el marco de un monitoreo, sobre el otorgamiento de medicamentos para enfermedades crónicas. Se trataba no sé de cuántos miles de pesos mensuales que necesitaba para un familiar, y tras presentar el pedido de información, la llamaron a las 24 horas para avisarle que eso formaba parte de un programa de atención médica y le empezaron a facilitar el medicamento. Ese es un claro ejemplo de cómo el derecho a la información sirve como herramienta de garantía de otros derechos, más que como un bien en sí mismo. Y ese es el sentido: que los ciudadanos y ciudadanas se apropien de las herramientas jurídicas. Y hay otros casos que plantean lo mismo: el acceso a información sobre planes de vivienda, de impacto ambiental, de salubridad pública o actas de seguridad respecto a la distribución de las guardias comunales, sin que ello implique violar cuestiones de seguridad. Pero disponiendo de esa información, los vecinos están en condiciones de proponer a las autoridades una serie de mejoras para su problemática. Ese es el sentido del derecho a la información: no sólo fiscalizar o controlar la gestión del Estado, sino que sea una herramienta de satisfacción de otros derechos.
-Muchas de las críticas que se conocieron tras el fracaso del proyecto de ley a nivel nacional señalaron los cambios sustanciales introducidos en el Senado desde la comisión de Asuntos Constitucionales que preside la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Y se la sindicó como la responsable del fracaso de esa iniciativa. ¿Es la única responsable?
-El proyecto que trató Diputados no fue el del Gobierno, ya que tenía modificaciones respecto de lo que había salido de la OA. Algunas tenían que ver con la divulgación de material previamente reservado si no se reclasificaba, pero el Senado hizo modificaciones muy importantes. Una fue la de proponer un formulario para efectuar un pedido de información, y otra fue la inclusión de la figura del interés legítimo. Pero cuando el proyecto volvió a Diputados la responsabilidad dejó de ser de la senadora Kirchner y volvió a ser de los diputados. Y si durante un año, por la razón que fuera, no lo trataron, la responsabilidad es de los diputados. Lo paradójico del caso es que el decreto 1.172 es mucho mejor de lo que había salido de Diputados. Si bien el decreto involucra solamente a la administración pública, el principio de apertura que marca esa norma me parece mucho más amplio que el sugerido en relación a otros poderes por parte del proyecto que aprobó Diputados. En relación con el acceso a la información del Poder Judicial no estaba incluido el acceso a la información sustantiva, con el obrar cotidiano, que son los procesos, sino que estaba el Poder Judicial como administrador de recursos públicos. Eso nos lleva a una paradoja: el código de procedimientos en lo Penal es más generoso, en términos de acceso a la información respecto de la actuación judicial, que la propia ley de acceso. Esa paradoja estaba mal resuelta, era muy limitativa.
-¿Cómo se entiende esa doble postura del oficialismo que por un lado promueve un decreto que es bastante amplio y brinda mayores garantías a la ciudadanía, y por el otro un proyecto de ley que es más restrictivo?
-Es bastante complejo de entender, nunca terminé de descifrarlo, porque en la medida en que el 1.172 permanezca y su uso se intensifique, carece de sentido de especulación respecto de la administración pública. Habría que ver si el problema no pasaba por el acceso a la información en el Legislativo o en el Poder Judicial. Otra cosa que se incorporó y que rompía un cierto respeto que podíamos suponer tácitamente utilizado en varios proyectos legislativos, fue el del criterio de los estándares internacionales. La media sanción del Senado rompía con un cierto estándar internacional vinculado con la definición de información pública. No es lo mismo la información pública en tanto su naturaleza jurídica, en tanto su descripción rigurosa por parte de la ley, que la información de interés público. Y ahí se mezclaban las cosas, porque se definía como información pública a cierta información que considero de interés público, pero que por su naturaleza o por la persona que estaría obligado a brindarla, no es efectivamente información de acceso público como lo señalan los estándares internacionales. No estoy minimizando la importancia de acceder a esa información, pero me parece que los conductos y responsabilidades para acceder a ella o para castigar a quienes no lo permitan deberían ser distintos. Por ejemplo: una interpretación no demasiado generosa sino más bien literal de lo que se considera información pública, transformaría en sujetos obligados a entregar información ante cualquier peticionario, la información emergente de los proyectos de investigación de las agencias científicas, porque son fondos del Estado puestos en un proceso determinado. Y me parece bien que un investigado rinda cuentas respecto de lo que hizo, pero no que esté obligado a entregar información ante cualquier solicitud.
-Atento a todo lo que acaba de describir, ¿están dadas las condiciones para que se pueda sancionar una ley?
-La primera condición es que exista un proyecto, y no lo veo...
-Pero hay propuestas presentadas en Diputados y en el Senado...
-Cuando digo que no lo veo quiero decir que no sé si hay alguno con estado parlamentario. Caída la media sanción en segunda revisión en Diputados, hasta donde sé no hubo nuevos proyectos. Creo que las condiciones se van a ir dando en la medida en que haya campañas públicas que pongan en conocimiento de la sociedad que tiene derecho a la información. Obviamente que hace falta un cambio de cultura en la administración, no es sólo una cuestión normativa. En ese sentido el decreto 1.172 le dio menos plazo a la administración que la media internacional le da a sus administraciones para que apliquen este tipo de normas. Inglaterra dio dos años, México dio uno, y acá se dieron tres meses para instruir a los funcionarios sobre el alcance de esta norma. Quizá el tiempo haya sido poco, pero lo que estimo que falta es un "premio" a quienes trabajan como enlaces dentro de la administración pública, quienes se encargan de perfeccionar el proceso de acceso a la información con los ciudadanos en la medida en que podrían ser considerados como una suerte de héroes cívicos. Los enlaces que aplican la primera enmienda en los Estados Unidos tienen cierto reconocimiento que premia o recompensa su compromiso con los derechos de los ciudadanos. Me parece que esto ayudaría, ya que el Gobierno debería acudir a las universidades para fortalecer el conocimiento de esta herramienta e incluso para, en el mejor de los sentidos, orientar la presentación de los pedidos. No en cuanto a la temática, sino para que sea menos difícil para el ciudadano. Además, el Ejecutivo debería eliminar ciertas trabas de interpretación reglamentaria que a veces parecen absurdas respecto de la contingencia de la Ley de Procedimientos Administrativos versus el régimen específico de acceso a la información. Esto va a generar un clima que oriente, permita o fomente la regulación o canalización de este derecho de esta herramienta para que sea mucho más fácil su utilización. Porque de lo contrario vamos a tener un mapa, como pasó en materia de radiodifusión, de acceso a la información, pero por medio de la Justicia. Que ante la inacción legislativa, si bien existe el decreto 1.172 y no lo paso por alto, pero respecto de otros poderes como sucede en el caso del juicio de Poder Ciudadano contra el Senado o como ocurre con el Poder Judicial en Chubut, va a ser la Justicia la que comience a establecer los alcances de las restricciones. Y si bien creo que la Justicia es un poder independiente y es imprescindible que resuelva los mejores procesos para fijar los derechos constitucionales, los jueces no son legisladores. Y las resoluciones casuísticas a veces toman decisiones políticas que no siempre ayudan, porque complica la interpretación por parte de los ciudadanos respecto de los alcances de las normas

Por Oscar Londero

(Entrevista realizada el 22 de junio de 2006 en Paraná).
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