Miércoles, 22 de Noviembre de 2017
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José Corral, secretario general de la UNL
"Cualquiera podrá pedirle información a la Universidad porque es una institución que se debe a la sociedad"
La Universidad Nacional del Litoral (UNL) sancionó el mes pasado la ordenanza por la que regula el acceso a su información. Una norma que, según Corral, confirma los principios republicanos que rigen a esa casa de estudios.
La UNL es la primera universidad pública argentina en sancionar una disposición de este tipo. Algo que a Corral -en la foto,.a la izquierda- lo llena de orgullo, porque entiende que se inscribe en una política de transparencia marcada por el plan estratégico con que cuenta la Universidad. Por eso el funcionario defiende que el Consejo Superior haya delegado en el rector Mario Barletta la designación de la autoridad de aplicación de la norma. Pero no sólo eso: también destaca que se esté diseñando un programa para preservar y sistematizar los archivos universitarios, tarea en la que asesora una consultora externa. Corral niega que con los pedidos de información centralizados a través de la Oficina de Administración de Archivos se pretenda centralizar el manejo de la información en la UNL. Según su secretario general, la Universidad garantiza con ese procedimiento una respuesta adecuada y sin dilaciones que no avasalla la autonomía de sus diferentes unidades académicas. Satisfecho porque se consultó la doctrina más avanzada en la materia antes de sancionar la ordenanza, Corral también justifica que no se haya pensado en establecer enlaces para responder a los pedidos de información. Todo eso está ampliado en el diálogo que mantuvo con accesolibre.org y que a continuación se reproduce textualmente.
-¿Cuánto tiempo demandó la sanción de la ordenanza por la cual se dispuso regular el acceso a la información en la UNL?
-En verdad, el mínimo tiempo que demora en sancionarse un proyecto en la Universidad. Fue un proyecto presentado por el rector al Consejo Superior y debatido posteriormente en las comisiones. El tema fue girado a todas las comisiones del Consejo y tuvo dictamen favorable en cada una de ellas. En tanto, la comisión de Interpretación y Reglamento, en la que participa el decano de la Facultad de Derecho, había hecho consultas a los especialistas en Derecho Constitucional de esa unidad académica, y por eso hubo algunas mejoras. Pequeñas, pero que le dieron más precisión técnico-jurídica al texto final.
-¿De qué se trataban esas mejoras?
-Una de ellas dio precisiones sobre cuáles deben ser considerados datos reservados, tomando como antecedente la Ley de Hábeas Data que está receptada por nuestra Constitución Nacional, y algunas correcciones o incorporaciones en los Considerando, detallando los motivos por los que se impulsaba la sanción de esta norma respecto a los antecedentes en materia de constitucionalismo liberal que tan bien marcó uno de los profesores. Pero en general hubo un amplio consenso porque en la elaboración del proyecto, desde la Secretaría General y desde la Dirección de Asuntos Jurídicos, se había consultado la doctrina más avanzada en la materia, tanto en la legislación comparada internacional, como en la legislación nacional o el decreto 1.172/03, la Ley de Acceso a la Información Ambiental, al igual que las normativas existentes en algunas provincias o en algunos gobierno locales.
-¿Alguna otra universidad pública argentina cuenta con una norma de este tipo?
-No, hasta el momento no. Uno puede pensar que por la naturaleza de la actividad universitaria, ya que nuestra misión es enseñar e, investigar, somos organizaciones públicas y por lo tanto estamos sometidas a esos principios republicanos de transparencia, publicidad de los actos de gobierno, participación en la toma de decisiones por parte de los ciudadanos universitarios pero a su vez del control por parte de la sociedad, no sólo de la universitaria. Nuestra norma incluso establece que cualquier ciudadano tiene derecho a pedir información, no sólo los ciudadanos universitarios, ya que siendo universidad pública nos debemos a la sociedad.
-¿Por qué se decidió delegar en el rector la designación de la autoridad de aplicación de esta ordenanza?
-Por la manera de organización de la Universidad el rector tiene facultades reglamentarias. Si no lo hubiéramos hecho así, igual hubiera quedado en su esfera de facultades la reglamentación de esta norma. La reglamentación es hacer prácticos una serie de dispositivos institucionales concretos, para que frente a un pedido de información haya una acción de la administración universitaria que responda a esta demanda. Pensamos en asociar esta autoridad de aplicación a la organización de los archivos de la Universidad. Paralelamente, y la misma resolución lo contempla, estamos repensando la organización de los archivos universitarios, que son muy complejos porque la Universidad tiene información en el Rectorado y en sus Facultades. Dentro del Rectorado hay diferentes dependencias, archivos históricos ya que nuestra institución tiene más de 100 años. Hay archivos en papel, digitalizados, y lo nuestro es el manejo del conocimiento y de la información. Por lo tanto, el manejo de los archivos es un tema muy crítico en la Universidad y por eso nos parece que esta oficina debería organizar este tema junto con las respuestas a los pedidos de acceso a la información, conjuntamente con la Dirección de Asuntos Jurídicos, para velar por el cumplimiento de los requisitos legales que nuestra propia norma establece.
- ¿La idea sería tener un plan estratégico acerca de la sistematización de la información?
-Así es. En eso está trabajando un grupo de personas, no sólo por lo del acceso a la información sino por la organización de nuestros archivos. Hay un equipo que está trabajando con una consultora muy capacitada, María Esteba, que ha venido trabajando este tema no sólo en Argentina desde la Fundación Antorchas, sino en Estados Unidos. Tiene mucha experiencia y nos está ayudando a organizar este plan de manejo de la información disponible en la Universidad.
-¿Manejan algún plazo?
-Estamos en pleno plan de trabajo. En febrero o marzo tenemos previsto organizar la parte de gestión de esta oficina. Estamos limpiando archivos y organizando documentos, porque el tema de los archivos está ligado a lo edilicio, ya que en una institución tan importante como ésta es mucha la información que debemos preservar. Además hay mucha información que ni cuenta con plazo para su consulta. Hay mucha información que debemos preservar sin plazos. Eso requiere una organización compleja, que estamos obligados a hacer, porque el acervo de la Universidad, en términos de los documentos que tiene bajo su custodia, es muy importante. Y tiene que ver con el acervo cultural de la comunicad en la que estamos insertos.
-¿Está definido quién puede ser la autoridad de aplicación de esta ordenanza?
-De acuerdo a los papeles con que estamos trabajando sería esta Oficina de Administración de Archivos en consulta con la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad.
-Una cosa que me llamó la atención de la ordenanza fue que se haya establecido que ante un pedido de información se debe acudir directamente a la autoridad de aplicación. ¿Eso puede ser interpretado como un interés en concentrar la información y por ahí contradecir la idea o el espíritu de autonomía de las distintas Facultades que conforman la UNL?
-No. Ése es un debate muy interesante dentro de la propia comunidad universitaria. Pero nosotros postulamos, y lo hace nuestro plan de desarrollo institucional y es la tradición de esta Universidad en los últimos 10 o 15 años, una Universidad integrada. La autonomía es la de la Universidad y la Universidad puede ser entendida en su integridad. Podría darse la discusión de si es operativo o no centralizar o descentralizar, más allá del punto de vista de la decisión, sino de la mejor instrumentación administrativa. Por experiencia uno opta en este caso, sobre cuestiones tan sensibles y tan específicas, que va a haber una mejor respuesta de una oficina que esté especializada en el tema –en este caso, manejo de la información- que cargando este problema del manejo de la información y cómo se responde a cada Facultad. La Universidad es una organización muy horizontal: hay nueve Facultades pero cada una a su vez está organizada en 10 departamentos, que a su vez tienen cátedras y así podríamos reproducir hasta el infinito las posibilidades de consultas a diferentes áreas de la Universidad.
-¿No se evaluó la posibilidad de la figura de los enlaces?
-No, porque seguramente terminaría en una consulta a Asuntos Jurídicos, que depende del Rectorado, por lo que nos pareció la organización más práctica y que puede dar respuesta más rápida a los requerimientos que haya.
-¿Qué sucede si un ciudadano solicita información invocando el decreto 1.172/03?
-El decreto no es operativo para las universidades y por eso la necesidad de sancionar esta norma, porque la autonomía de las universidades, y en esto hay jurisprudencia muy clara, indica que las universidades están fuera de la administración pública nacional entendida como el área de alcance del Poder Ejecutivo Nacional. Estamos fuera del alcance del Poder Ejecutivo pero regulados por las normas del Congreso de la Nación y por los organismos de control. De todas maneras, esté o no esté instrumentada la autoridad de aplicación, la norma es operativa desde el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad, que será un problema de Rectorado cómo la instrumenta mientras no esté organizada la autoridad de aplicación. Pero la inexistencia de la autoridad de aplicación porque estamos trabajando en eso, no implica que no exista el derecho. Por lo que si tuviéramos algún pedido de información deberíamos resolverlo.
-En ese caso intervendría Asuntos Jurídicos?
-Por supuesto…
-¿Haría las veces de autoridad de aplicación?
-Sí, o quien el rector disponga frente a ese caso concreto. Pero porque no esté organizada la oficina no se va a dejar de responder a un pedido de información. Incluso uno puede pensar que sin la existencia de la ordenanza ese derecho ya existía por la normas…
-De hecho se podrían invocar la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados…
-Exactamente. Los pactos que han sido incorporados e incluso las normas más elementales de la República en torno a la publicidad de los actos de gobierno. No hemos tenido ningún caso hasta hoy de conflicto en torno a esto: usualmente los consejeros estudiantiles o docentes reclaman información y se les brinda una respuesta. Además la Universidad tiene dispuesta una serie de herramientas de información como el Digesto Universitario, el Boletín Oficial de la Universidad, que está en Internet; anualmente se edita un resumen de información institucional, se pueden consultar por Internet los expedientes ingresados por Mesa de Entradas, también está el programa de compras, para que pueda ser consultado por los proveedores interesados, y visitando la página de la Universidad en Internet se puede comprobar que hay una gran cantidad de información disponible gracias a los recursos tecnológicos disponibles.

(Entrevista realizada el 28 de diciembre de 2006 en la ciudad de Santa Fe).
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