Miércoles, 22 de Noviembre de 2017
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Leana Bello Conde, investigadora del IPADE
"En Nicaragua todavía no se entiende cómo puede beneficiar a la ciudadanía una ley de acceso a la información pública"
Bello Conde integra el Grupo Promotor de la ley de acceso en su país, y sostiene que una norma de ese tipo contribuiría al mejoramiento institucional y de sectores específicos. Pero también reconoce las dificultades para conseguir su sanción.
"Necesitamos una ley que se incorpore a la vida cotidiana de los ciudadanos", dice Leana Bello Conde, investigadora del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE). Desde el Programa Observatorio de la Democracia y la Gobernabilidad de esa fundación, recorre desde hace tiempo su país para concientizar sobre los beneficios que traería aparejados la sanción de una ley de acceso a la información. Pero reconoce que "por ahora sólo lo entendemos quienes estamos en el tema". De todos modos no se desanima, porque confía que en caso de aprobarse la iniciativa esa tendencia se podría revertir con campañas de difusión y estrategias que promuevan el apoderamiento por parte de sectores con diferentes problemáticas. De paso por Buenos Aires, donde asistió como invitada al seminario internacional El acceso a la información pública como herramienta para el desarrollo social, económico y político en América Latina -organizado conjuntamente por Article XIX y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)-, Bello Conde dialogó con accesolibre.org. Y señaló que además será indispensable trabajar para terminar con la cultura del secreto, enquistada en la burocracia estatal.

-Diversas entidades, tanto públicas como privadas, forman parte del Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública en Nicaragua. ¿Cómo hicieron para amalgamar las posturas de todos en una estrategia común?
-Ese fue un reto que nos impusimos. Hablar de coaliciones o redes de trabajo es algo que se está imponiendo actualmente en Nicaragua en diferentes temas: consolidación de la democracia, niñez y mujeres, o acceso a la información pública, por citar algunas temáticas. Eso sirvió para aglutinar a todas estas organizaciones, sin importar su visión política, ya sean de centro, de derecha o de izquierda. Si hay un tema que moviliza y existen organizaciones interesadas en un tema, se juntan y trabajan, así de sencillo. En todo esto hay elementos positivos y elementos negativos, pero prevalecen los primeros, ya que trabajar temas de interés común hace que se puedan fijar metas. Y en esto también contribuyó el financiamiento de los organismos internacionales, que lo han puesto como una condición indispensable para impulsar el tratamiento de diferentes proyectos.
-Esa intervención de los organismos internacionales de crédito ¿implicó algún tipo de condicionamiento en la elaboración del proyecto de ley de acceso a la información pública o redundó en algún beneficio al momento de fijarse una estrategia para conseguir la sanción de esa iniciativa?
-En el caso del acceso a la información hubo un condicionamiento, ya que se supeditó el financiamiento a la existencia de un trabajo en red, a una tarea de consorcio. Sin embargo yo lo veo como algo positivo, ya que sirvió para que la población se acercara a temas de interés social. Para mí fue positivo, sobre todo si como consecuencia de ese resultado se contribuye a mejorar la situación del país o de sectores específicos. En ese caso será válido.
-¿Y cómo se hace para incorporar el acceso a la información en la agenda de temas del Gobierno y de la sociedad civil?
- Por el momento hay un dictamen favorable de la Asamblea, pero no sabemos cuándo se podrá aprobar definitivamente la ley. Hay probabilidades de que eso suceda el año próximo, ya que hay diputados que están dispuestos a aprobarla, aunque también sabemos que eso es algo relativo. Muchas veces dicen que están de acuerdo, que comparten lo que se postula en el proyecto, pero después no se promueve ni se discute en el plenario. Está en agenda pero todavía no logramos que se incorpore al Orden del Día. En algún momento llegó a estar en esa condición, pero a último momento fue retirada, como consecuencia de intereses políticos que se manejan alrededor de la aprobación de las leyes. Y una vez que se apruebe la ley estará el reto para el Grupo Promotor de impulsar campañas de apoderamiento por parte de la población: deberemos centrar nuestros esfuerzos en que se replique, que la ley sea conocida por la mayor cantidad de personas posible y tendremos que sensibilizar sobre la necesidad de impulsar demanda de información. También deberemos llevar el tema a un plano local, para que la población pueda ver la ley ajustada a sus necesidades, que pueda sentir que le sirve de algo…
-Que se apropien de ella…
-Exactamente, que se apropien de ella. Que vean a la ley como algo incorporado a sus vidas cotidianas. Si se trata de una ley a la que la población no le encuentra utilidad, seguramente no motivará el ejercicio del derecho de acceso a la información. Y luego queda una parte de la tarea relacionada con el Estado: contribuir a la eliminación de la cultura del secreto, ya que durante mucho tiempo la información ha sido una manifestación de poder. Romper con ese mito, con esa idea de que la información se maneja de manera secreta, servirá para mejorar el vínculo entre la cosa pública y la ciudadanía. Sin duda servirá para mejorar la participación ciudadana.
-En la última campaña electoral, ¿cuál fue la postura respecto del acceso a la información pública por parte del ahora presidente Daniel Ortega?
-Se manifestó a favor, aunque no hizo mayores comentarios. Simplemente dijo que era importante que hubiese una ley de este tipo en Nicaragua para que se pudiera conocer el manejo de su gobierno, para que pudiera existir confianza por parte de la ciudadanía.
-¿Significó una autocrítica respecto de su anterior gestión?
-No, para nada. Se manejó con un discurso completamente distinto y diferente al del resto de los candidatos que se postularon a la Presidencia. Fue casi un monólogo, con una apuesta a la reconciliación, con un mensaje de paz, de amor, y eso le dio un toque distintivo respecto de lo que hicieron los otros candidatos. Eso fue negativo, a mi modo de ver, porque llevó a una polarización de la población y dio estos resultados.
-¿Se entiende en tu país que el acceso a la información pública puede servir para mejorar la calidad de vida de sus habitantes?
-Lo entendemos quienes estamos trabajando en la promoción de una ley, que conformamos un grupo pequeño de la población. En términos generales la ciudadanía no sabe cómo la puede beneficiar una ley de acceso a la información pública. Se trata de un reto, de una preocupación, ya que no nos conformamos con que ciertos sectores sepan sobre la ley. Aspiramos a que sea conocida tanto por funcionarios públicos como por la población y para eso le estamos dando énfasis a los gobiernos municipales y regionales, y eso es un gran desafío. En las reuniones que hemos hecho en diferentes lugares descubrimos gran cantidad de personas que se interesan por el tema y advierten que la ley les puede servir para mejorar su vida. Y en la medida en que se trabaje en la divulgación de esta ley, ajustada a las necesidades de cada sector de la población, se podrá lograr un mayor efecto, un gran impacto. Si los empresarios tienen temor de que la ley puede dejar al descubierto todo lo relacionado con sus firmas, entonces no van a estar de acuerdo con la ley y la van a ver de manera negativa, y no la van a querer aplicar. Pero si tienen claro que la ley establece que no se puede divulgar información sensible, les dará tranquilidad y los predispondrá mejor. Se trata de un elemento que estamos considerando y es por eso que esperamos tener la capacidad, la oportunidad y los recursos para trabajar en ese sentido.
-Mientras se discute en la Asamblea el proyecto de ley, la dirigencia política y los funcionarios públicos, ¿perciben que la sanción de una norma de este tipo puede servir para fortalecer el funcionamiento de la democracia y hacer más transparente la gestión de gobierno?
-En parte sí y en parte no. Sí, por parte de los diputados que promovieron la aprobación de la ley, porque están de acuerdo con su contenido; fueron los que trabajaron en este tema y se mantuvieron en comunicación con nosotros y están concientizados de los beneficios de esta ley. Y no, porque en Nicaragua muchas leyes son aprobadas de acuerdo a negociaciones políticas e intereses políticos, entonces la sanción de una norma queda supeditada a otra. Eso afecta o demora la aprobación de leyes porque en algún momento van a estar vinculadas con estos grupos de poder que quieren sanciones de algunas normas, como es el caso del grupo del ex presidente (Arnoldo) Alemán. Por eso algunas leyes han estado negociadas en función de darle o no la libertad. Este juego político siempre afecta a la población y la aprobación de leyes sustantivas para la Nación.

(Entrevista realizada el 5 de diciembre de 2006 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
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