Miércoles, 22 de Noviembre de 2017
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Juan Pablo Olmedo, el jurista que logró una sentencia histórica
"El fallo de la Corte Interamericana marca una guía para los países de la región en materia de acceso a la información pública"
En octubre el Gobierno chileno fue condenado por negar el acceso a la información. Y Olmedo tuvo mucho que ver, ya que promovió la denuncia ante la Corte. Pero aunque está satisfecho por lo sucedido, dice que hay mucho por hacer.
Olmedo preside en Santiago de Chile la Fundación Pro Acceso, pero recientemente su fama se incrementó por otro motivo: la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a su país por negar el acceso a información pública. El fallo sentó un precedente para la región y para el mundo, porque como dice el experto, "por primera vez un tribunal internacional de derechos humanos vinculó al derecho de acceso a la información con la libertad de expresión". Olmedo comenzó su lucha en 1998, intentando conocer los antecedentes de una firma que buscaba instalarse en su país, pero la negativa del Comité de Inversiones Extranjeras dio origen a una causa -Claude Reyes y otros vs Chile- cuyos entretelones dieron la vuelta al mundo. De paso por Buenos Aires, donde la semana pasada participó del seminario internacional El acceso a la información pública como herramienta para el desarrollo social, económico y político en América Latina, Olmedo concedió una entrevista a accesolibre.org

-Teniendo en cuenta que en Chile no estaba legislado el derecho de acceso a la información, ¿cómo se sortearon los escollos para llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y qué implicancias tiene este fallo?
-Cuando esto comenzó, en el año ‘98, el acceso a la información pública no estaba en la agenda pública. Por eso la idea era perder lo más rápido posible para agotar las instancias locales y poder pensar en la instancia internacional. El fallo de la Corte sin duda que es un estímulo muy importante para el Gobierno de Chile, para el Estado en realidad. Sirve para avanzar rápidamente en la elevación de los estándares en materia de acceso a la información pública. Pero adicionalmente es un precedente para la región y para el mundo. Es la primera vez que un tribunal internacional de derechos humanos cristaliza el derecho de acceso a la información pública y lo vincula directamente con la libertad de expresión, como parte del ordenamiento democrático de los países. Por lo tanto, en ese contexto el fallo debe ser visto no solamente por Chile, sino por el resto de los países de Latinoamérica como una guía que los oriente a adoptar legislaciones, prácticas y sistemas de educación de funcionarios públicos destinados a cumplir con los estándares establecidos por la Corte.
-Dada la situación del acceso a la información pública en los países de la región, donde algunos cuentan con legislación y otros no, ¿la Corte no dijo algo conocido por sus mandatarios?
-El acceso a la información, como muchos otros temas vinculados a la defensa de los derechos humanos en el continente, no está dado por la inexistencia de legislaciones. Muchos países tienen, efectivamente, legislación en materia de acceso a la información y en otros temas que garantizan derechos económicos y sociales. Pero el problema está en las prácticas y en el cumplimiento de esas legislaciones, en la medida en que los países de la región no cuentan con instituciones sólidas que permitan hacer efectivos los derechos que las leyes consagran. Y en ese contexto el fallo es sumamente importante porque recoge el punto y ordena la revisión de las prácticas institucionales y establece la obligación de impulsar programas de educación a funcionarios públicos de todos los niveles.
-¿Esa revisión de las prácticas institucionales motivó la serie de medidas a favor de la transparencia anunciadas recientemente por la presidenta Michelle Bachellet? ¿Hay alguna relación con el fallo de la Corte?
-Básicamente hay un cúmulo de hechos, que se originan, en su fuente más mediata, con el fallo de la Corte en el mes de octubre. Y en lo que corresponde al Estado de Chile, esa sentencia, como hecho, fue acompañado por una serie de descubrimientos al interior de la sociedad chilena de prácticas de corrupción que han provocado la preocupación de la presidenta y que la llevaron a adoptar estas 31 medidas destinadas a perfeccionar los estándares de transparencia y probidad del Gobierno y del Estado de Chile en general. Ciertamente esas medidas van en la línea que usted ha mencionado: buscan favorecer la educación, las buenas prácticas y reforzar los mecanismos de control.
-¿Son suficientes esas 31 medidas?
-Como todo en la vida, hay que avanzar en las mismas. En la medida en que vayamos avanzando en alguna de ellas vamos a ir viendo cuán efectivas son para revertir la situación que se ha detectado. Ojalá que las 31 medidas propuestas, en el corto plazo, puedan ser aplicadas y materializadas en programas y planes concretos que permitan revertir esto. De lo contrario puede quedar como una aspiración de política pública, que no tenga ninguna fuerza real en la práctica.
-La información que el Estado chileno está obligado a difundir a raíz del fallo de la Corte, ¿en cuánto tiempo estará disponible?
-El Estado de Chile tiene plazo de un año para responder en concreto a la solicitud de acceso que fue denegada y que originó este caso en particular, radicado en una omisión de respuesta por parte del Comité de Inversiones Extranjeras. Ese plazo se cuenta desde el dictado del fallo y ciertamente, en este punto, el Estado de Chile se encuentra en fase de cumplimiento. Veremos a fines de octubre del año próximo si cumplió o no con la respuesta respectiva.
-Y de ahora en más, ¿cómo sigue este caso?
-Acá se abrió una importante ventana que permite estimular al Estado de Chile para avanzar en materia de acceso a la información, pero me gustaría pensar que es una ventana regional y por lo tanto que aquí hay una obligación del Estado chileno pero al mismo tiempo de toda la comunidad regional, de difundir el estándar generado por la Corte de capacitar a los funcionarios públicos o que los proyectos de ley cumplan o se adecúen a los estándares establecidos. En ese contexto me parece que estamos en una nueva etapa, dentro de un siglo, y tendremos que trabajar para eso.
-¿Y qué puede hacer la sociedad civil para exigir que esto se cumpla?
-Asumir que el derecho de acceso es un derecho ciudadano, y que por lo tanto hay que activarlo. La sociedad civil también tiene un desafío importante, nada menos que exigir derechos, que es algo que se hace desde que somos niños, desde que estamos vinculados en cualquier grupo en nuestra comunidad, y tenemos que comenzar a utilizar todas las herramientas que nos concede la democracia, entra las que se encuentra el acceso a la información pública.

(Entrevista realizada el 5 de diciembre de 2006 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
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