Martes, 22 de Agosto de 2017
Contacto Buzón de consultas Suscripción Reportajes Noticias Inicio
Proyecto del diputado Marcelo López
Proyecto de acceso a la información pública ambiental
Proyecto del diputado Jorge Busti
Anteproyecto de Ley de acceso a la información del Poder Ejecutivo
Publicación en el Boletín Oficial: 29 de enero de 2008
Proyecto de Ley de Ética Pública para la provincia de Entre Ríos
Autor: Poder Ejecutivo provincial
Estado parlamentario: 22 de noviembre de 2.006
Expediente: 8-515
Comisión: Legislación general
Proyecto de ley de Publicidad de gestión de intereses del Poder Ejecutivo Provincial
Autor: diputada Lucy Grimalt (La Red)
Estado parlamentario: 4 de agosto de 2004
Expediente: 14.077
Comisión: Legislación General
.
Proyecto de ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental.
Autor: diputada Lucy Grimalt (La Red)
Estado parlamentario: 4 de agosto de 2004
Expediente: 14.078
Comisión: Legislación General
Anteproyecto de ley del Secreto Profesional y del Derecho de Acceso a la Información
Autor: Sindicato de Prensa de Entre Ríos
Fecha de presentación: 13 de julio de 2004
Proyecto de ley de acceso a la información pública.
Autores: Antonio Mainez y Oscar Grilli
Estado parlamentario: 27 de septiembre de 2006
Expediente: 15.854
Comisión: Legislación General
Con el afán de propiciar una instancia de participación ciudadana y favorecer el control de los actos de gobierno, los diputados Antonio Mainez y Oscar Grilli, del Bloque Integración, presentaron un proyecto de ley de acceso a la información pública en Entre Ríos. La iniciativa, que tomó estado parlamentario ayer, fue girada a la comisión de Legislación General, en la que ya hay otra propuesta semejante –presentada en agosto de 2004 por la diputada Lucy Grimalt (La Red)- que sigue sin merecer dictamen. El nuevo expediente, registrado con el número 15.854, ingresó una semana atrás por Mesa de Entradas de la Cámara baja. Sin embargo, Mainez y Grilli se pusieron a trabajar en este proyecto el año pasado, motivados por la repercusión que generó saber que la Dirección General de Información Pública (DGIP) había rechazado un pedido de información sobre la distribución de publicidad oficial aduciendo que la documentación requerida tenía "carácter reservado". El proyecto del Bloque Integración establece que es pública toda información producida por los organismos incluidos en el ámbito de aplicación de la iniciativa: la administración pública centralizada y descentralizada; los entes autárquicos, las empresas y sociedades del Estado; las sociedades anónimas con participación estatal, las sociedades de economía mixta, los entes públicos con participación estatal o que tengan como fuente de financiamiento el aporte del Estado provincial; las organizaciones que hubieran recibido subsidios públicos; las empresas que brinden un servicio público; y la Legislatura provincial. Pero la iniciativa de la bancada opositora no incluye al Poder Judicial Según se explicó ante la consulta de accesolibre.org, ese olvido puede subsanarse con una simple corrección al texto. Algo que quedará supeditado a que el expediente sea analizado en la comisión de Legislación General. En materia de excepciones, el proyecto contempla que no se podrá difundir información comercial, impositiva o financiera de terceras personas, dictámenes que anticipen la estrategia jurídica del Estado en una causa, información referida a datos personales, de carácter sensible o que su publicidad constituya una violación al derecho a la intimidad y el honor. También fija que no se podrán divulgar datos que pongan en riesgo la vida o la seguridad de una persona. La propuesta de Mainez y Grilli establece que para restringir el acceso debe emitirse una resolución fundada, y que una vez clasificada, toda información mantendrá carácter reservado durante los siguientes 10 años. El proyecto también contempla que la información que fue difundida no podrá ser reclasificada. De esa manera se busca evitar episodios como el que involucró al ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien el año pasado difundió estadísticas sobre inseguridad pero que en julio último, tras un pedido similar efectuado por un periodista del diario La Nación, señaló que los datos requeridos tenían carácter reservado. .Los diputados de Integración definieron como información pública a la contenida en documentos, escritos, fotografías, grabaciones, soportes magnéticos, digitales o de cualquier otro formato. Además estipularon necesario la publicación de índices de proporción de información para que puedan ser consultados por los ciudadanos interesados, y la creación de una Comisión Provincial de Acceso a la Información, dependiente de la Secretaría de Justicia. Ese organismo, según la idea de Mainez y Grilli, debería actuar como autoridad de aplicación y garante del cumplimiento de la ley, y estaría integrado por tres miembros con antecedentes profesionales y reconocido prestigio público que hagan indiscutible su postulación. La iniciativa promueve un comisionado designado por la Legislatura, un representante propuesto por la Secretaría de Justicia y un periodista con 10 o más años de ejercicio en la provincia designado mediante concurso de oposición y antecedentes. Esa comisión, en caso de prosperar el proyecto, podrá solicitar informes, documentos y antecedentes a cualquier organismo; recibir quejas y declaraciones voluntarias; y emitir dictámenes o instrucciones para los organismos obligados a brindar información. La propuesta establece que no será necesario fundamentar los pedidos de información. Tampoco establece la obligación de demostrar interés legítimo, derecho subjetivo o razones que motiven el requerimiento. Mainez y Grilli propusieron un plazo de 10 días hábiles para otorgar la respuesta, que puede ser prorrogado por otro período semejante siempre y cuando el peticionante reciba una nota fundada que le explique las razones de la demora. Los legisladores propusieron que toda denegatoria de información debe ser fundada mediante resolución, detallando cuál de las excepciones previstas en su proyecto se registra. En ese caso el peticionante tendrá dos opciones: requerir la revisión por vía administrativa o promover una acción de amparo. Para los diputados opositores tanto el silencio de un funcionario como una respuesta ambigua o inexacta deben considerarse como una negativa a brindar información. Según Mainez y Grilli, eso sería una falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran caberle a todo funcionario público por la aplicación de los códigos Civil y Penal de la Nación.
Presentación
Quiénes somos
Cómo nos financiamos
El AIP en Entre Ríos
Normativa provincial
Proyectos provinciales
Normativa nacional
Proyectos nacionales
Normativa regional
Organismos multilaterales
Fallos
Modelos de presentación
Pedidos a otros poderes
Noticias
Boletines
Oficina Virtual
Tesis
Links
Audios
Vega y la conexión Paraná-La Haya
Picolotti, sus contratos y sus viajes
Storni y el beneficio del Código Canónico
Pagos a la Asamblea de Gualeguaychú
Buzón de consultas
Buzón de consultas
Quiénes somos | Buzón de consultas | Suscripción | Contacto | Links Noticias RSS