Lunes, 18 de Diciembre de 2017
Contacto Buzón de consultas Suscripción Reportajes Noticias Inicio
Respuesta a un pedido de acceso a información pública
En Entre Ríos hubo 367 funcionarios públicos provinciales que omitieron presentar sus declaraciones juradas patrimoniales
Así lo reveló la Contaduría General, encargada de recibir y custodiar la información requerida por ley. El organismo indicó que 1.299 personas estaban obligadas a brindar detalles sobre la conformación de sus patrimonios. Todavía no se aplicaron sancion
(Paraná, 16 de mayo de 2016. Por Oscar Londero).- La Ley 3.886, vigente desde 1953, establece un plazo de 60 días hábiles desde la asunción en el cargo para que los funcionarios políticos de Entre Ríos y las autoridades fuera de escalafón presenten su declaración jurada patrimonial. Sin embargo, los cuatro meses que fija la norma resultaron insuficientes para 367 personas que se negaron a informar sobre la conformación de sus respectivos patrimonios.

La irregularidad quedó en evidencia con la actualización de los datos por parte de la Contaduría General de la provincia, que es la autoridad de aplicación de la Ley 3.886 en el Poder Ejecutivo. El organismo brindó esa documentación a este portal como respuesta a un pedido de acceso a la información pública.

La petición fue presentada el 11 de abril pasado siguiendo el procedimiento establecido en el Anexo I del decreto 1.169/05 GOB, que reglamenta el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo de Entre Ríos.

Dirigida al titular de la Contaduría General, Oscar Miraglio, con la petición se buscó "tener acceso a una copia actualizada de la base de datos que conforma el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales de los funcionarios y empleados de la Administración Pública, según se detalla en el artículo 4º de la Ley 3.886/53".

La respuesta fue entregada 15 días más tarde y se plasmó en una planilla de 18 folios que puede consultarse como documento anexo a este artículo. Además la Contaduría adjuntó una nota a través de la cual brindó detalles sobre la información recolectada.

Así pudo saberse que la base de datos correspondiente a la administración del gobernador Gustavo Bordet "cuenta a la fecha con 1.299 cargos entre funcionarios y personal fuera de escalafón bajo la órbita de esta Contaduría General". Y también que ningún infractor fue intimado a efectuar el trámite una vez vencido el plazo legal para hacerlo.

"Constituyendo la presentación de la declaración jurada patrimonial una carga establecida legalmente es que no se ha cursado nota alguna a esos efectos", expresó Miraglio a través del escrito que también fue suscripto por los contadores adjuntos Andrés Zabala y Luis Vartoli.

De esa forma se respondió al segundo punto de la solicitud de información, referido al envío de notas a los infractores por parte de la Contaduría. Años atrás se supo pedir por escrito a funcionarios y autoridades fuera de escalafón que presentaran su declaración jurada aun cuando hubiera vencido el plazo establecido por ley.

Con ese recordatorio, que en 2008 y en 2011 quedó asentado en el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales, se buscó evitar una masiva retención de haberes, una de las sanciones previstas para los incumplidores de la norma. Pero esa práctica fue desestimada por la actual administración, que hasta el momento tampoco aplicó sanciones a quienes omitieron informar sobre sus patrimonios.

Detalles y precisiones

Desde la Contaduría General también se señaló que su base de datos no incluyó información sobre magistrados y funcionarios judiciales porque el Poder Judicial, conforme lo establece la Ley 3.886 en su artículo tercero, está facultado para organizar su propio Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales.

Además aclaró que el control en las presentaciones y actualizaciones no abarcó a los diputados provinciales "por cuanto por decreto 66/07 HCD (Honorable Cámara de Diputados) ha sido creada la Dirección de Declaraciones Juradas Patrimoniales, por lo que se registró en la Base de Datos de esta Contaduría General sólo las declaraciones juradas presentadas espontáneamente por los diputados a este organismo".

En cambio, la Contaduría General asentó en su registro las presentaciones efectuadas por los senadores. Eso ocurrió porque, a diferencia delo que sucede en Diputados, el Senado carece de una dependencia que se encargue de esa tarea.

Los datos obtenidos fueron volcados en una planilla donde figuraron la repartición u organismo en la que se desempeña el funcionario o la autoridad fuera de escalafón, su nombre y apellido, y el número de recibo oficial. Es decir, el comprobante otorgado por la Contaduría General como prueba de la presentación de la declaración jurada de bienes.

A diferencia de registros anteriores, sobre los que este portal diera cuenta, no se indicó la fecha de presentación de la documentación requerida por ley.

Ausencias notables y de las otras

Al gobernador Bordet se le otorgaron dos recibos oficiales con los números 1.754 y 3.682. No hubo información complementaria al respecto, por lo que debe presumirse que el mandatario entregó su declaración jurada y luego efectuó una actualización, sin que se conozca la fecha de cada una de sus presentaciones.

Según la documentación brindada por la Contaduría General, todos sus ministros cumplieron con lo establecido por la Ley 3.886. También los secretarios de Estado y la mayoría de los funcionarios que conforman la segunda línea del gobierno.

Donde sí se registraron incumplimientos fue en las empresas del Estado. En Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa), hubo nueve ejecutivos que no informaron sobre sus patrimonios: la lista incluyó a su presidente Alfredo Muzachiodi y al vicepresidente Sergio Menéndez.

En cambio, la excepción en Enersa fue su contador, Mario Quiroga, quien lleva varios años cumpliendo esa función. De acuerdo con los datos del Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales, recibió dos recibos oficiales por parte de la Contaduría General: el 773 y el 2.895.

En tanto, en Sistema de Crédito de Entre Ríos (Sidecreer) ocurrió algo parecido, ya que la mayoría de los integrantes de su directorio, incluido el presidente José Bechara, omitió presentar su declaración jurada. Las excepciones en la tarjeta de crédito estatal corrieron por cuenta de los vocales Julio César Aldaz y Gabriel Molina.

Otro que también olvidó informar sobre su patrimonio fue el interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), Marcos Rodríguez Allende, quien patrocina al ex gobernador Sergio Urribarri y su familia en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Archivo adjunto: Declaraciones juradas de la gestión Bordet
Presentación
Quiénes somos
Cómo nos financiamos
El AIP en Entre Ríos
Normativa provincial
Proyectos provinciales
Normativa nacional
Proyectos nacionales
Normativa regional
Organismos multilaterales
Fallos
Modelos de presentación
Pedidos a otros poderes
Noticias
Boletines
Oficina Virtual
Tesis
Links
Audios
Vega y la conexión Paraná-La Haya
Picolotti, sus contratos y sus viajes
Storni y el beneficio del Código Canónico
Pagos a la Asamblea de Gualeguaychú
Buzón de consultas
Buzón de consultas
Quiénes somos | Buzón de consultas | Suscripción | Contacto | Links Noticias RSS