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El gobierno de Entre Ríos pagó 11,5 millones de pesos para que el Turismo Carretera disputara este año tres competencias en la provincia
Desembolsó 4 millones de pesos más que en 2014. Así se desprende del convenio suscripto con la Fundación del Automovilismo Deportivo de la República Argentina. Para acceder a la documentación fue necesaria una denuncia.
Paraná, 24 de septiembre de 2015.- Como sucedió en 2014, el Turismo de Carretera (TC), una de las categorías con mayor convocatoria de público, disputó este año tres fechas de su calendario en la provincia de Entre Ríos. Pero su presencia no fue por casualidad: para ello el Poder Ejecutivo provincial desembolsó 11,5 millones de pesos.

La cifra quedó plasmada en la cuarta cláusula de un convenio que el ministro de Turismo, Hugo Marsó, celebró con Oscar Aventín y Fernando Miori, presidente y secretario, respectivamente, de la Fundación del Automovilismo Deportivo de la República Argentina (FADRA). El acuerdo fue convalidado con la emisión del decreto 418/15 MTUR, fechado el 11 de marzo pasado y publicado recién el 26 de agosto último en el Boletín Oficial.

El monto acordado incluyó un considerable aumento respecto del canon abonado en 2014. En aquella oportunidad y tal como anticipara este portal, la administración del gobernador Sergio Urribarri (foto), pagó 7,5 millones de pesos para garantizar la presencia del TC y del TC Pista en Concordia, Concepción del Uruguay y Paraná (ver aparte).

Sin embargo, al difundirse el decreto 418/15 MTUR se omitió su Anexo I, que contenía el contrato celebrado con la FADRA. Eso motivó que accesolibre.org formulara un pedido de acceso a la información pública dirigido a Marsó con la intención de obtener la documentación complementaria.

La petición, que ingresó el 28 de agosto pasado por Mesa de Entradas del Ministerio de Turismo, se formuló siguiendo el procedimiento establecido por el Anexo I del decreto 1.169/05 GOB, que reglamenta el ejercicio del derecho de acceso a la información pública ante el Poder Ejecutivo entrerriano. Pero la falta de respuesta motivó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción y Ética Pública (OAEP), que finalmente el martes pasado brindó una copia del acuerdo celebrado con la FADRA, que tiene los derechos de comercialización del TC y del TC Pista.

El primer desembolso fue "por la suma de $ 2.400.000 (Pesos dos millones cuatrocientos mil), la que deberá hacerse efectiva dentro de las 24 horas de la suscripción del presente convenio en la cuenta bancaria que FADRA deberá notificar fehacientemente a su contraparte", según puede leerse en la cuarta cláusula del contrato, que se celebró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en fecha desconocida: en la copia brindada a este portal el espacio destinado a tal fin figura en blanco.

"El resto de los desembolsos se producirán hasta las 24 horas antes de cada una de las carreras restantes, acorde a lo establecido en la Cláusula Primera del presente", dice ese punto del contrato. El dinero sirvió para que FADRA pudiera pagar "premios y viáticos a los pilotos y equipos participantes, así como solventar los gastos de fiscalización de las competencias en concepto de honorarios, traslados y estadías tanto del Comisariato Deportivo como del Equipo de Cronometraje Oficial y de la Comisión Técnica Verificadora".

Además, de acuerdo a lo pactado, el gobierno entrerriano cedió a FADRA "el total de la recaudación que se obtenga por la venta de entradas y estacionamiento de las tres competencias deportivas previstas en la cláusula primera del presente convenio".

Eso permitió que se disputaran las carreras en Concordia (del 19 al 21 de marzo), en Concepción del Uruguay (del 28 al 31 de mayo) y en Paraná (entre el 30 de julio y el 2 de agosto). En todos los casos las fechas mencionadas incluyeron las correspondientes pruebas clasificatorias.

Un largo camino

El 29 de mayo, tres meses antes de que se publicara el decreto 418/15 GOB, accesolibre.org presentó una solicitud de información dirigida a Urribarri con la intención de "tener acceso y copia del convenio suscripto entre el Poder Ejecutivo de Entre Ríos y la Fundación del Automovilismo Deportivo de la República Argentina (FADRA), para la concreción, durante el presente año, de tres fechas correspondientes a los campeonatos de Turismo Carretera (TC) y TC Pista en los autódromos de Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay)".

La petición, siguiendo el procedimiento establecido por el Anexo I del decreto 1.169/05 GOB, ingresó por la Mesa de Entradas de la Gobernación y fue derivada a la Subsecretaría de Gestión Administrativa de la Gobernación. Y fue su titular, Hugo Céspedes, quien en su afán por responder con premura no hizo otra cosa que faltar a la verdad.

El 1 de junio último, a través de la Nota 32/2015 SCG (Secretaría de Coordinación General), informó que "el convenio citado se puede visualizar en el sitio web oficial de la provincia de Entre Ríos, a través de los links correspondientes". Céspedes no sólo omitió señalar la dirección electrónica –www.entrerios.gov.ar- sino que brindó esa contestación a sabiendas de que la página gubernamental sólo publica decretos y no convenios.

La mentira quedó al descubierto el 22 de septiembre, cuando el titular de la OAEP, Julián Gracia, brindó la documentación requerida tras recibir la denuncia contra el ministro Marsó por incumplimiento del Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo.

El hecho también puso en evidencia el cambio de actitud de la OAEP, que el 30 de julio de 2014 había dicho que su función se limitaba a intervenir tras una denuncia por incumplimiento del decreto 1.169/05 GOB y que no era su obligación responder a los pedidos de acceso a la información pública dirigidos a otros organismos.

Así lo señaló Gracia en respuesta a un planteo efectuado por el responsable de la Escribanía Mayor de Gobierno, Gregorio Francisco Gastaldi, a quien este portal denunciara por negarse a brindar acceso a las actas de traspaso de mando labradas entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de marzo de 2014.

A través de la Nota 1021/14 OAEP, Gracia señaló: "Es ese organismo el que debe responder a los pedidos de acceso formulados (ya que) no existe en nuestro sistema la concentración de pedidos en una única oficina, tal como sucede en otros países en los que todos los pedidos de acceso a la información se canalizan y se responden a través de un único organismo".
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