Domingo, 25 de Junio de 2017
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Lo dispone una norma vigente desde hace cuatro décadas
En Argentina se destruyen documentos oficiales siguiendo un procedimiento establecido por una dictadura militar
Lo confirmaron la Presidencia de la Nación y el Gobierno de Entre Ríos. Fue en respuesta a pedidos de información pública efectuados por este portal y la ADC. Se buscaban copias de los radiogramas cursados durante la Semana Santa de 1987.
(Paraná, 28 de abril de 2008. Por Oscar Londero).- Las comunicaciones entre el Gobierno federal argentino y las provincias se preservan apenas durante un año. Pasado ese lapso los radiogramas son incinerados sin más trámite.

La medida, que priva a la ciudadanía el acceso a documentos oficiales de diversa índole, está prevista en el Reglamento Orgánico de la Red Radioeléctrica de la Presidencia de la Nación, a la que están vinculados los gobiernos provinciales.

La confirmación surgió tras una serie de pedidos de acceso a la información pública efectuados por accesolibre.org y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

Se buscaba conocer qué información intercambiaron el Poder Ejecutivo Nacional y la Gobernación de Entre Ríos entre el 15 y el 18 de abril de 1987. Es que durante esa Semana Santa, hace 21 años, se produjo el primero de los tres alzamientos militares registrados en Argentina tras la recuperación del sistema democrático de gobierno.

Las peticiones, presentadas ante la Dirección de Comunicaciones de Entre Ríos y la Secretaría General de la Nación, se hicieron de acuerdo con los procedimientos previstos en los decretos 1.169/05 GOB y 1.172/03 PEN, respectivamente.


Ver para creer

La primera consulta sobre el tema fue efectuada el 21 de enero pasado ante la Dirección de Comunicaciones de Entre Ríos. Se formuló desde este portal invocando el decreto 1.169/05 GOB, que reglamenta el acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo de Entre Ríos.

Una semana más tarde el director del organismo, Eduardo Remedi, respondió que no podía brindar la información. Según explicó, "por procedimientos establecidos para ese fin, los radiogramas de todo carácter y prioridad debían ser guardados por el término de un año, procediéndose cumplido ese plazo a su destrucción, por lo que no se cuenta con archivos que puedan dar respuesta a lo peticionado". .

Cuatro días después el editor responsable de accesolibre.org volvió a presentar un pedido de información pública al director de Comunicaciones de Entre Ríos. Pretendía conocer "a través de qué ley, decreto, resolución o disposición se ordenó la destrucción de la documentación requerida por el suscripto el 21 de enero pasado (radiogramas desde y hacia la Presidencia de la Nación entre el 15 y el 18 de abril de 1987".

A Remedi se le pidió copia de la norma por él invocada y que precisara "en qué fecha se destruyó la documentación". También que otorgara "copia del acto administrativo a través del cual se dispuso" la destrucción de los radiogramas.

El 12 de febrero, dentro del plazo que establece el decreto 1.169/05 GOB, el funcionario brindó una nueva respuesta. Indicó que "(…) el procedimiento seguido de destrucción de los mensajes transcurrido un año está estipulado en el Reglamento Orgánico de la Red Radioeléctrica de la Red de Presidencia de la Nación y Gobernaciones de Provincias, de carácter Confidencial y de aplicación en el ámbito de la mencionada red en todas las estaciones del país".

Pero Remedi no sólo aludió al apego al procedimiento fijado por el Gobierno nacional, sino que dio más detalles para justificar la falta de registro sobre la destrucción de la documentación solicitada.

"Asimismo, no se cuenta con archivos dado el tiempo transcurrido, haciendo conocer que como consecuencia de incorporación de amoblamiento y equipos se generó la necesidad de liberar espacio en el período comprendido entre el 12 de diciembre de 199 y mayo de 2000, y se descartó por disposición de las autoridades del momento elementos en desuso de oficina y toda documentación con más de diez años de guarda", explicó el funcionario.

Tirando del hilo

Las respuestas obtenidas en Entre Ríos motivaron la consulta a la Presidencia de la Nación. Y fue así que el 27 de febrero se formuló un pedido de información ante la Secretaría General.

A través de la petición, el editor responsable de accesolibre.org manifestó su interés en conocer si el reglamento orgánico de la Red Radioeléctrica de la Presidencia de la Nación es de aplicación obligatoria para los gobiernos provinciales y si ese manual de procedimientos; en caso de encontrarse vigente, es de carácter confidencial.

También se requirió que en caso de respuesta afirmativa al punto anterior se indicara "desde qué fecha y a través de qué acto administrativo –con copia del mismo- se dispuso así" y se preguntó "si los radiogramas que se intercambian entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobiernos provinciales, pasado el término de un año, deben ser destruidos".

La respuesta llegó mediante Nota Nº 272/08 de la Dirección General de Administración de Recursos Humanos y Organización. La firmó Julián Galano, enlace jurisdiccional en materia de acceso a la información de la Secretaría General de la Presidencia.

Galano acompañó su escrito con una copia de un memorando firmado por Alejando Nitti, de la Dirección de Comunicaciones. Ese texto, registrado cono Nota Nº 232/2008, contiene tres puntos.

El primero señala que "la Red Radioeléctrica de la Presidencia de la Nación cuenta con un Reglamento Orgánico (RCMO2) de aplicación obligatoria para los Centros Provinciales, los cuales dependen des esta Dirección en sus aspectos técnicos, operativos y funcionales".

Desde el Gobierno nacional se indicó que "el mencionado reglamento se encuentra en vigencia desde el 3 de junio de 1968, mediante Resolución Nº 70 de ese año, dictada por el señor Jefe de la Casa Militar y su carácter es Confidencial".

Por último, se precisó que "en tal reglamento, su título ‘Archivo e Incineración de Documentos´, Artículo 126, Apartados 2º, 3º y 4º se establece que los mensajes Secretos y Confidenciales, Reservados o Públicos, deberán ser incinerados al término de un año".

Una respuesta repetida

Por su parte la ADC requirió la misma información con idéntico procedimiento. Invocó el decreto 1.172/03, que reglamenta el acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, y dirigió la petición a Gadano, en su condición de enlace jurisdiccional de la Secretaría General de la Presidencia.

El pedido ingresó el 23 de enero pasado y fue derivado a la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia, que emitió el Memorando Nº 119/2008. Sin embargo, la respuesta demoró en llegar porque la carta enviada desde la Secretaría General de la Presidencia se extravió.

Tras los reclamos del caso, la contestación llegó a las oficinas de la ADC el 7 de marzo pasado. Llevaba la firma del agrimensor Rubén Espósito, en representación de la Dirección de Recursos Humanos y Organización de la Casa Militar.

Luego de recordar el motivo del pedido de información, el funcionario indicó textualmente en el segundo párrafo del memorando: "Al respecto y con motivo del dictado del Decreto N° 648/04, se modificó la estructura de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación, pasando a la jurisdicción de la Secretaría General – Dirección General de Logística, el personal y medios del entonces Servicio de Comunicaciones, dependiente de la ex Agrupación Coordinación Logística y Comunicaciones, no contando esta Jefatura con la información requerida".
A esa altura importaba poco que Espósito brindara detalles sobre el Reglamento Orgánico de la Red Radioeléctrica de la Presidencia de la Nación. Ya se sabía por dos fuentes –la Gobernación de Entre Ríos y la Presidencia de la Nación- que es de carácter confidencial y que los radiogramas se destruyen pasado un año.

Todo eso siguiendo al pie de la letra una resolución dictada por la dictadura de Juan Carlos Onganía y que rige desde hace 40 años, como lo confirman los anexos documentales de este artículo.
Archivo adjunto: Pedido sobre Radriogramas
Archivo adjunto: Pedido sobre Radriogramas
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