Miércoles, 22 de Noviembre de 2017
Contacto Buzón de consultas Suscripción Reportajes Noticias Inicio
Caso Galinelli, Patricia
Galinelli, Patricia y otros c. Municipalidad de Lincoln Cámara de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo de San Martín, 24/11/2005.

SUMARIOS:
1. Los vecinos y concejales de un municipio, en principio, poseen legitimación para iniciar una acción de amparo con el fin de que el departamento ejecutivo brinde información sobre el estado de ejecución del presupuesto de gastos, si se acredita que la presunta omisión en la que habría incurrido la Administración provoca interferencias en el proceso legislativo, así como la imposibilidad de obtener dichos datos por las vías institucionales que los ediles puedan ejercer en su ámbito de actuación como tales.
2. Cabe revocar la sentencia que rechazó una acción de amparo por considerar que los vecinos y concejales de un municipio carecían de legitimación para solicitar que el departamento ejecutivo brindara información sobre el estado de ejecución del presupuesto de gastos, pues, en este estado liminar de la causa no surge prima facie que los actores carezcan de forma manifiesta de legitimación para iniciar la presente demanda, por lo que, en consecuencia, ésta deberá ser tratada con el fondo de la cuestión (del voto del doctor Saulquin).
TEXTO COMPLETO:
2ª Instancia. — General San Martín, noviembre 24 de 2005.
¿Se ajusta a derecho la resolución apelada?
La doctora Monti dijo:
I. Varios vecinos y concejales de la localidad de Lincoln iniciaron acción de amparo a fin de que el departamento ejecutivo de aquélla brindara información que le habían solicitado, sin obtener respuesta, sobre el estado de ejecución del cálculo de recursos y presupuesto de gastos al 30 de junio de 2005.
Fundaron su demanda en la ordenanza 1553/02 del municipio citado, en el derecho al acceso a la información pública y en la garantía de la tutela judicial efectiva.
II. El Juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de Junín rechazó la demanda, por considerar que los amparistas carecían de legitimación para interponerla.
Citó para ello precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y doctrina referente a la falta de legitimación de legisladores y ciudadanos, en determinados casos. Consideró que los amparistas no habían acreditado un perjuicio real, concreto, actual y especial (fs. 21/22).
III. Contra esa decisión, los amparistas interpusieron recurso de apelación (fs. 23/27) que fue concedido (fs. 28).
IV. Considero que asiste razón a los recurrentes, que están, como principio, legitimados para iniciar la acción de autos frente a la omisión supuestamente ilegítima del departamento ejecutivo municipal de brindarles la información que requirieron.
En efecto, a iniciar amparo frente a esa omisión los habilitan la Constitución Provincial (arts. 12, inc. 4° y 193, inc. 1°), la ley provincial 12.475 y el C.C.A. (art. 13) y, en concordancia con estas normas, la ordenanza 1553/02 de la Municipalidad de Lincoln (arts. 1° y 3°, fs. 16, confr. art. 25 de la Ley Orgánica Municipal).
El agravio concreto que han esgrimido los apelantes para fundar su derecho a iniciar el amparo es la dificultad de ejercer el control de la ejecución del presupuesto en su condición de concejales (fs. 17 y 26/27).
En estas condiciones, si se acredita que la presunta omisión en que habría incurrido el Departamento Ejecutivo de la comuna provoca interferencias en el proceso legislativo o en las funciones propias del concejal, así como la imposibilidad de obtener la información reclamada por las vías institucionales que los concejales puedan tener abiertas en su ámbito de actuación como tales, y en atención a los amplios términos de las normas citadas, no advierto que, en principio, carezcan, en forma manifiesta, de legitimación para iniciar la acción de autos, sin perjuicio de que la inexistencia de agravio o la existencia de otras vías para lograr la satisfacción de la pretensión que da lugar a este amparo sean opuestas por el municipio en las oportunidades procesales pertinentes.
Por lo expuesto, entiendo que corresponde hacer lugar al recurso de apelación y revocar la resolución apelada. Así voto.
La doctora Bezzi adhiere al voto de la doctora Monti.
El doctor Saulquin dijo:
I. En primer término, considero que la Dra. Monti ha reseñado adecuadamente los antecedentes del expediente en los considerandos I, II y III, que doy aquí por reproducidos por razones de brevedad.
II. Asimismo, adhiero a la solución propuesta por la Dra. Monti y que recibiera la adhesión de la Dra. Bezzi, en el sentido de revocar la decisión de grado, aunque sobre la base de fundamentos diversos, que a continuación expondré.
Entiendo que en este estado liminar de la causa no surge prima facie que los actores carezcan de forma manifiesta de legitimación para iniciar la presente acción. En consecuencia la misma deberá ser tratada con el fondo de la cuestión.
En efecto del artículo 43 de la CN y 12 inc. 4 de la constitución provincial el derecho a la difusión de los actos de gobierno han adquirido un reconocimiento especial, más allá de ser un principio propio de un régimen republicano. Ello, sin embargo no implica que no sea necesario contar para su reclamo con la necesaria legitimación que va unida directamente a la pretensión objeto de la acción.
Respecto de la documentación acompañada y de la normativa provincial y municipal mencionada entiendo corresponde su análisis al tratar la cuestión de fondo, siendo bastante la normativa constitucional del derecho a la información para considerar que no carecen prima facie los actores de la legitimación necesaria para el inicio de la acción la que deberá ser tratada con el fondo de la cuestión.
El artículo 13 de la ley 12008 (CCA) dice: "Está legitimado para deducir las pretensiones previstas en el presente Código, toda persona que invoque una lesión, afectación o desconocimiento de sus derechos o intereses tutelado por el ordenamiento jurídico." Más allá de tratarse en el caso de una acción de amparo es posible tomar esta normativa para sostener que en esta etapa liminar no se puede sostener que los actores carezcan de algunas de las invocaciones a que hace referencia el artículo en cita. Normativa acorde a las reformas constitucionales y mucho más amplia que la establecida por la ley de amparo 7166 en sus artículos 5 y 6.
Por las razones expuestas, entiendo que corresponde hacer lugar al recurso de apelación y revocar la resolución apelada. Así voto.
En virtud del resultado del acuerdo que antecede, el tribunal resuelve: Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento recurrido. — Laura M. Monti. —
Ana M. Bezzi. — Jorge A. Saulquin (por su voto).
Archivo adjunto: Caso Galinelli Patricia
Presentación
Quiénes somos
Cómo nos financiamos
El AIP en Entre Ríos
Normativa provincial
Proyectos provinciales
Normativa nacional
Proyectos nacionales
Normativa regional
Organismos multilaterales
Fallos
Modelos de presentación
Pedidos a otros poderes
Noticias
Boletines
Oficina Virtual
Tesis
Links
Audios
Vega y la conexión Paraná-La Haya
Picolotti, sus contratos y sus viajes
Storni y el beneficio del Código Canónico
Pagos a la Asamblea de Gualeguaychú
Proyecto de ley de Publicidad de gestión de intereses del Poder Ejecutivo Provincial
Años Meses Días Horas Min. Seg.
Proyecto de ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental
Años Meses Días Horas Min. Seg.
Anteproyecto de ley del Secreto Profesional y del Derecho de Acceso a la Información
Años Meses Días Horas Min. Seg.
Proyecto de ley de acceso a la información pública
Años Meses Días Horas Min. Seg.
Proyecto de Ley de Ética Pública para la provincia de Entre Ríos
Años Meses Días Horas Min. Seg.
Buzón de consultas
Buzón de consultas
Quiénes somos | Buzón de consultas | Suscripción | Contacto | Links Noticias RSS