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Caso ACIJ
//Buenos Aires, 5 de julio de 2006. –

Y VISTA:
Para sentencia los autos caratulados "Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) c/ EN – Congreso- Comisión Mixta Revisora de cuentas s/ Amparo Ley 16.986" Causa nro. 21.268/05 de lo que: RESULTA: 1º) A fs. 3/24 la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (AC I J) se presenta e inicia acción de amparo en los términos del Art. 43 de la CN y la ley 16.986 contra el Honorable Congreso de la Nación- Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de cuentas, a fin de que cese en la conducta de realizar sus reuniones en forma no publica. -

Afirma que para asegurar ese extremo resulta necesario:
a) La demanda permita el ingreso a sus reuniones a los ciudadanos que lo soliciten. b) Se disponga la publicación en Internet de los días y horas y lugar fisco en que se desarrollan las reuniones de la mencionada Comisión. -
c) Se dispongan la publicación en al menos un medio masivo de comunicación de la modificación operada en el ámbito de la comisión, es decir, que se le informe a la ciudadanía que sus reuniones pasaran a realizarse, hacia el futuro, de manera de asegurar la posibilidad de acceder a ellas. -
Destaca que la función principal de esta comisión, integrada por seis senadores y seis diputados, es analizar los informes los informes que realiza la Auditora General de la Nación para luego someterlos al pleno de cada una de las Cámaras del Congreso. Asimismo, que tiene a su cargo el seguimiento de las recomendaciones efectuadas por el Poder Legislativo a los organismos auditores, además de proponer al congreso el presupuesto anual de la AGN, analiza el programa de acción anual sobre las auditorias a practicarse y aprobar o rechazar las cuentas de inversión, informe de los arts. 127 y 129 de la ley 24.156. -
Afirma que posee trascendental información pública que allí se ventila, las reuniones de la CPMRC no son públicas, por lo que la información se divulga oralmente pero no queda asentada en ningún otro sitio. -
Sostiene que participando de estas reuniones los interesados podrán conocer las posiciones de cada uno de sus representantes respecto de las decisiones que allí se toman, lo cual no puede obtener con la sola lectura de los dictámenes que se emiten. -

Indica que la ACIJ comenzó una investigación sobre la CPMRC en el marco del proyecto denominado "Control Externo de la administración pública" que tiene por objeto fortalecer el impacto y el aprovechamiento de los informes que elabora la AGN a través del aumento de su difusión y de la promoción de cumplimiento de las recomendaciones. En este contexto expone que se busco información en los links de Internet de la comisión, que se encuentran interesados en la pagina de las respectivas Cámaras, advirtiendo que en la cámara de diputados no se brinda ninguna información sobre las reuniones, y en la cámara de senadores solo se informa que la CPMRC se reúne los días jueves, cada quince días, pero no se informa con exactitud en que fecha y horario lo hacen ni en que lugar físico, lo cual implica, según dicen, una propia reglamentación aplicable al trabajo de la Comisión. -
Aduce que le 29 de Marzo de 2005 solicitito formalmente al presidente de la Comisión que se brinde a los integrantes de la Asociación acceso a las sucesivas reuniones, pero el pedido no obtuvo respuesta, a pesar de haber sido reiterado el 27 de mayo de 2005. Agrega que conforme una investigación realizada por el Centro de Implementación de Políticas publicas para la equidad y el crecimiento (CIPPEC) durante los años 2003 y 2004 se constato, entro otras irregularidades, que la comisión también se reúne los días martes y miércoles, en lugar de los jueves, como figura en el link de Internet. -
Concluye que la comisión no permite a la ciudadanía el acceso a sus reuniones, no hace públicos los detalles necesarios para concurrir a estas y se reúne en forma no habitual. -
Asegura que las deficiencias en el funcionamiento de esta comisión repercute directamente el nuevo sistema de control de gestión de la administración pública introducido por la reforma constitucional de 1994, produciéndose además una palmaria violación de:
a) Los arts. 18, 44, 98, y 103 del reglamento interno de la Honorable Cámara de Senadores, del Art. 31 del reglamento interno de la Honorable Cámara de Diputados y el Art. 25 del reglamento de la propia CPMRC. -
b) Los arts. 1°, 14, 33 y 42 de la Constitución Nacional. -
c) Los arts 13 y 23 de la Convención Americana de los Derechos humanos, el art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. -
Aclara que el reglamento interno de la Comisión no hace alusión alguna a la publicidad de las reuniones, pero su art. 25, en cambio, establece que se aplicaran supletoriamente los reglamentos de amabas cámaras del Congreso, con lo que configura a través de los deberes y funciones especificas asignadas a los respectivos secretarios, de llevar a cabo reuniones en forma pública. -

En este contexto, resalta que la actitud omisiva de la comisión contraría lo establecido expresamente por el Reglamento Interno de la Cámara de Senadores en cuanto el art. 98 establece publicidad de la reuniones de las comisiones y que solo puede declararse su carácter reservado por decisión de dos tercios de sus miembros y cuando los asuntos a tratar requieran un estricta confidencialidad. -
Agrega que el art. 44 de dicho Reglamento establece que el secretario parlamentario debe disponer todo lo necesario a fin de que se publique en el sitio de Internet, entre otras cuestiones, el día, hora y lugar donde se efectuaran las reuniones de las distintas comisiones, consignando los temas a tratar. -
Indica que el Reglamento de la Cámara de Diputados también establece el principio general de la publicidad de las sesiones en su art. 31, pero aduce que la especificidad de la reglamentación de la Cámara del Senado hace que la norma debe ser aplicada en subsidio. -
Destaca que carece de todo sentido consagrar el principio de la publicidad si por otro lado no se brinda a la ciudadanía la información necesaria para presenciarlas. Afirma que esta situación genera un grave y evidente perjuicio al principio republicano de gobierno y vulnera el derecho a la información de las personas interesadas. -
En este sentido, expone que el derecho a la información es una herramienta esencial a través de la cual los ciudadanos pueden hacer efectivo su derecho a participar en los asuntos públicos prevista en el art. 23 del Pacto de San José de Costa Rica. Expresa que la efectiva posibilidad de acceder a las reuniones de la CPMRC debe considerarse una consecuencia directa del principio de publicidad de los actos de gobierno, que se vería seriamente menoscabado al restringirse la participación ciudadana, que encuentra su consagración constitucional en el art. 42. -
Añade que para remediar esta situación es necesario adoptar medidas concretas. En primer lugar, para que sea posible el acceso de los ciudadanos a las reuniones de la Comisión, éstas deben celebrarse en espacio físico que permita esta posibilidad. En segundo lugar, que se hagan públicos los detalles de cada reunión, para lo que alcanzará – según su criterio – con que, tal como surge del propio reglamento, que la demandada publique en Internet los días, horarios y lugar físico en que se reunirá la Comisión. Pero agrega, además de ello, para que los ciudadanos y asociaciones tomen conocimiento de que se ha producido un cambio relevante en la forma en que se reúne la CPMRC resulta necesaria la producción de información masiva en este sentido. -
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal. -

2º) A fs. 99/100 la Honorable Cámara de Senadores de la Nación contesta el informe previsto en el art. 8 de la ley 16.986, solicitando que se rechace la acción intentada. -
En primer término destaca que la propia actora reconoce la labor que desarrolla la Cámara, en su objetivo de poner su actividad y gestión institucional en conocimiento de la ciudadanía, a través de su página de Internet, en la que se indica que la CPMRC se reunirá los jueves cada quince días. -
Asegura que en la página se brinda toda la información con que se cuenta, pero en la medida que sea precisa y actualizada y en este sentido destaca que la Comisión a que se refiere la actora se encuentra integrada por diputados y senadores por lo que no se encuentra sujeta a ninguno de los reglamentos de las Cámaras, sin perjuicio de que se adecua a éstos en forma supletoria. -
De ello surge, según manifiesta, la dificultad de su mandante de aplicar a esta Comisión bicameral su propio Reglamento como si se tratase de cualquiera de sus comisiones, es decir, las que pertenecen únicamente al Senado. -
Aduce, sin embargo, que el art. 98 del Reglamento del Senado faculta a las comisiones a llevar a cabo sus reuniones en el lugar mas conveniente para la consecución de sus fines, destacando que ello en forma alguna puede menoscabar el principio republicano de gobierno, toda vez que los dictámenes y proyectos allí elaborados culminarán en el recinto, oportunidad en la que serán sometidos al correspondiente debate parlamentario. -
Por otro lado, afirma que resulta un yerro conceptual sostener que el Senado estaría violando el art. 18 de su Reglamento puesto que dicho art. se refiere en forma exclusiva a las sesiones del pleno. Por último destaca que más allá de ello, su mandante ha adoptado, y lo seguirá haciendo, todas las medidas internas tendientes a publicar la información requerida por la entidad actora en el sitio web del Senado. -
Hace reserva del caso federal. -
3º) A fs. 134/141 la Honorable Cámara de Diputados de la Nación contesta el informe previsto en el art. 8 de la ley 16.986, solicitando se rechace la acción intentada. En primer lugar, niega los hechos invocados por la actora y afirma que es improcedente la vía intentada, puesto que el amparo es una vía excepcional y en el caso, la pretensión de la actora encuentra mejor cabida procesal por los cauces ordinarios que permiten un conocimiento amplio en cuanto al debate y la prueba. -
En igual sentido, destaca que en el caso no concurre la conducta lesiva que genere arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. -

Afirma que por más respetable que sea el interés ciudadano de la actora, su pretensión excede los límites de lo razonable. En este contexto, afirma que la actora ya inició un amparo contra la CPMRC, que tramitó por ante el Juzgado nro. 11 de este fuero, que fue declarado abstracto por haberse evidenciado que tenía a disposición las copias de las actas de las reuniones de la Comisión en las que tenía interés. Acompaña con relación al punto una constancia escrito y firmada por el autorizado de la ACIj que refleja el acceso a dichas actas y el retiro de copias de las mismas. -
Por otro lado, aduce que la actora confunde, cuando invoca la violación del art. 31 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la función deliberativa de la Cámara con la tarea creativa y de debates propia del trabajo en comisión. Destaca, en este sentido, la diferencia existente entre la exhibición pública del debate de la Cámara del trabajo interno confiado a las comisiones. -
Expone que este trabajo requiere de aporte de materiales, consulta de opiniones a distintos asesores y/o expertos especialmente convocados, intercambio pacífico y prolongado de puntos de vista y sobre todo concentración de esfuerzos en la tarea de generar un dictamen, o varios en caso de no haber coincidencia. -
Afirma que dicha tarea no admite una audiencia multitudinaria, pues sería imposible el análisis pormenorizado de los informes de la AGN, para luego someterlos a análisis por las Cámaras. Sostiene que ahí radica la diferencia esencial entre el trabajo en comisión y las sesiones en el recinto. -
Destaca, asimismo, que las modestas salas donde trabajan las comisiones suelen ser aulas de dimensiones reducidas que no resisten la afluencia masiva de público, por lo que se admite la presencia de una cantidad de personas asistentes, que lo soliciten con la antelación necesaria, y que no exceda la capacidad física del ambiente en que se trabaja, pues de lo contrario – afirma – sería imposible toda reunión y cualquier eficiencia en la tarea preparatoria del ulterior debate parlamentario. Resalta que el derecho a la información no se encuentra vulnerado puesto que, como lo reconoce la propia actora, los dictámenes de la Comisión se encuentran publicados en el web de la AGN y también en las publicaciones oficiales del Senado y de Diputados. Concluye que son públicos y se encuentran a disposición de todos los ciudadanos. Expone que el control externo del sector público nacional corresponde al Congreso y se realiza a través de la labora de la CPMRC y que en esta función no participan las organizaciones no gubernamentales puesto que la Constitución no lo ha previsto. Se trata, concluye, de una función propia del PL. -
Entiende que este es el sentido del art. 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en tanto establece que los ciudadanos participan de la dirección de los asuntos públicos mediante sus representantes libremente elegidos. -
Sostiene que la pretensión de arrogarse la conducción de los asuntos públicos viola principios representativos, republicanos y democráticos de la CN e implicaría la creación de otro tipo de gobierno. -
Afirma que en el caso no existe violación a las disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados. Sobre el punto agrega que el art. 114 bis de dicho ordenamiento establece que las comisiones podrán realizar audiencias públicas y abrir foros y videochat de debates virtuales con la finalidad de conocer la opinión de la ciudadanía en general, para lo cual se requiere la adhesión de la mayoría de sus miembros. -
Apunta que del contenido de dicha norma, sin perjuicio del carácter público de las reuniones de comisión, con las limitaciones propias del ámbito en el cual se desarrollan, la decisión de realizar audiencias públicas es privativa de los señores diputados que integran cada comisión y para adoptarlas se debe contar con una mayoría. -
Expone que nada obsta que la actora se dirija a la Comisión solicitando la realización de una audiencia pública en la forma indicada en el referido art. 114 bis, debiendo aceptar lo que determine la mayoría de los miembros de la Comisión. -
Sostiene que no escapa a conocimiento que la actora, por ser de público conocimiento, que el día 25 de octubre de 2005 se realizaron comicios nacionales para la renovación de ambas Cámaras. Y es así altamente posible que durante los meses anteriores las reuniones de la Comisión se hubieran espaciado, o bien sus integrantes hubieran dispuesto alguna alteración del día de la reunión en virtud de sus compromisos partidarios que de ordinario los llevan a desplazarse al interior del país en época de elecciones. Entiende que ello se trata de compatibilizar, razonablemente, las labores parlamentarias con las políticas propias de todo representante. -
Luego manifiesta que tampoco ha sido tenido en cuenta por la actora que en los debates entre los miembros de la Comisión y sus asesores, en su tarea propia de control, suelen efectuarse consideraciones que luego son desestimadas por la mayoría, pero que publicadas por los medios masivos de comunicación, podrían desnaturalizar la función de control y transformarla en un espectáculo mediático que puede ser dañoso para la salud de la República. Ello porque el derecho a la información comporta, según expone, el derecho a la objetividad y veracidad de la información. -
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal. -
4º) A fs. 206/217 la actora contesta los traslados conferidos. -
Sostiene la idoneidad de la vía intentada y afirma que la ilegalidad manifiesta se configura por el manifiesto incumplimiento de
las disposiciones del Reglamento de la Cámara de Senadores y la clara violación de los principios y derechos constitucionales que invoca. -
En lo que aquí interesa, sostiene que la afirmación de la Cámara de Diputados relativo a la necesidad de alterar las reuniones de la Comisión con motivo de las elecciones de 2005 resulta improcedente y carente de todo sentido fáctico y jurídico. Ello puesto que el Reglamento le impone la obligación de reunirse al menos dos veces por mes. Además agrega que conforme el detalle de reuniones que confecciona, durante el mes de las elecciones fue el período durante el cual se celebraron más reuniones de comisión. -
Entiende que la falta de lugar apropiado par la celebración y desarrollo de las reuniones no es un argumento oponible a su parte, por cuanto debe ser el propio Congreso quien debe adecuar su infraestructura a fin de garantizar el pleno goce de los derechos constitucionales en participar de las reuniones públicas de la Comisión. -
En cuanto a la contestación de la Cámara de Senadores manifiesta que la información publicada en la página web no es suficiente para el pleno conocimiento de la ciudadanía y por tanto no cumple con la exigencia de que el dato público sea completo, veraz, adecuado y oportuno. -
Asimismo, sostiene que las actas labradas en el seno de la Comisión no son suficientes para cumplir con la información requerida, ya que se limitan a consignar la fecha, miembros presentes y detalle de los números y nombre de expedientes tratados. En este sentido, destaca que lo que pretende ACIJ es conocer, a través del acceso al debate interno de la Comisión, cómo se evalúa la marche de la gestión pública y para ello es necesario conocer las opiniones de los miembros de la Comisión. -
5º) A fs. 222 la Cámara de Diputados solicita que la cuestión sea declarada abstracta en tanto de las copias de las actas acompañadas por la actora surge – según su criterio – que su derecho a la información se encuentra satisfecho. -
A fs. 226/9 dictamina el señor Fiscal Federal propiciando el acogimiento de la acción de amparo, en tanto considera que no corresponde efectuar una diferencia conceptual, a los efectos de la publicidad, entre el trabajo de las comisiones – máxime cuando se trata de una a la que se le asigna una elevada función de control como es la CPMRC – y la dicción en el plano de las Cámaras. Destaca en este sentido, que el Reglamento del Senado, aplicable supletoriamente a dicha Comisión, establece claramente dicha publicidad. -
A fs. 238 se llama autos a sentencia. -
I.- Que en primer término cabe aclarar que los óbices formales que la Cámara de Diputados opone a la presente acción de amparo no pueden ser acogidos favorablemente. -

En efecto, ha sostenido la Corte Suprema de Justicia que cuando al momento de dictar sentencia puede establecerse si la norma o la conducta impugnada resulta o no manifiestamente ilegal o arbitraria, el juicio de amparo es el marco adecuado para instrumentar el debate de su constitucionalidad. Impedir ese examen y dilatar la decisión sobre temas sustanciales invocando inexistentes o inválidas restricciones procesales, implica contrariar las disposiciones legales del juicio de amparo (CSJN, in re: "Peralta" y "Video Club Dreams", entre otros), y aún lo establecido en el art. 43 de la Constitución Nacional. -
Dicha doctrina resulta plenamente aplicable al caso atento que el tema debatido involucra una cuestión que es, prácticamente, de puro derecho, cuya decisión no requiere la producción de mayor prueba que la ya producida y se encuentran en debate derechos de rango constitucional. -
II.- En cuanto al fondo del asunto, cabe recordar que la actora demanda al Honorable Congreso de la Nación – Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, a fin de que cese en la conducta de realizar en forma no pública y para ello solicita que se disponga que: a) la demandada permita el ingreso a sus reuniones a los ciudadanos que lo soliciten, b) la publicación en Internet de los días, horarios y lugar físico en que se desarrollarán las reuniones pasarán a realizarse, hacia el futuro, de manera de asegurar la posibilidad de acceder a ellas. -
III.- Que desde antiguo, la Corte Suprema ha sostenido que la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones, pues al ser el poder llamado para sostener la vigencia de la Constitución, un avance en desmedro de las facultades de los demás, revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público (Fallos 155:248). Por tal motivo, en las causas que se impugnan actos cumplidos por otros poderes, en el ámbito de las facultades que les son privativas, la función jurisdiccional no alcanza al modo del ejercicio de tales atribuciones, pues ello importaría la invasión que se debe evitar (Fallos: 254:43). Pero, en cambio y siguiendo el modelo de la jurisprudencia de los Estados Unidos de América, es inherente a las funciones de un tribunal de justicia interpretar las normas que confieren dichas potestades para determinar su alcance, sin que tal tema constituya una "cuestión política" inmune al ejercicio de la jurisdicción ("Baker v. Carr" 369. U.S. 186). Ello, porque – tal como luego se desarrollará – esclarecer si un poder del Estado tiene determinadas atribuciones, exige interpretar la Constitución y tal misión permitirá definir en qué medida – si es que existe alguna – el ejercicio de ese poder puede ser sometido a revisión judicial ("Powell v. Mc. Cormack" 395 U.S. 486). En este sentido se expidió la Corte Suprema en "Bussi, Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación – Cámara de Diputados)", del 11 de octubre de 2001. -

IV.- Ahora bien, sin perjuicio de estos principios rectores que rigen la actividad jurisdiccional de este Tribunal, cabe adelantar que en el caso la función involucrada es de carácter administrativo, más allá de la naturaleza que se pueda atribuir al funcionamiento de las comisiones parlamentarias. Y, en este sentido, dicho ejercicio bien puede entenderse obligatorio (arg. art. 3 de la LPA) en la medida en que el cometido en particular surja, expresa o implícitamente, de una norma jurídica (en igual sentido, Sala III del fuero, in re: "Centro de Implementación de Políticas Públicas E. y C. y otro c/ Honorable Cámara de Senadores del Congreso Nacional s/ Amparo Ley 16.986", del 27 de mayo de 2005). -
V.- Sentado ello, cabe precisar que aquí la actora pretende el cumplimiento, por parte de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, de lo establecido en los arts. 44, 98 y 103 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación. -
Sobre el punto, cabe aclarar que en el caso no existe controversia entre las partes en cuanto a la aplicación de dicho reglamento al funcionamiento de la mentada Comisión, aunque ello por vía supletoria, conforme lo dispone el art. 25 del Reglamento Interno de la CPMRC. -
Dicho marco normativo establece, conforme el texto aprobado por resolución DR-1388/02, del 18 de diciembre de 2002, con las modificaciones incorporadas por la resolución DR-198/03 del 2 de julio de 2003, que: Art. 103: "Las comisiones deben reunirse como mínimo una vez cada quince días, sin perjuicio de las convocatorias a reuniones extraordinarias que se realicen. Cada comisión establecerá día y hora de sus reuniones ordinarias, los que no deben coincidir con los de sesión de la Cámara. Las citaciones consignarán los asuntos a tratar y se garantizará el conocimiento de los mismos mediante el envío de la documentación correspondiente o indicando en el temario el número de ejemplar del Diario de Asuntos Entrados (D.A.E.) en el caso de encontrarse ya publicados. Las citaciones a reuniones ordinarias se realizarán, de ser posible, como mínimo con cuarenta y ocho horas de anticipación. Con la misma anticipación, cada comisión notificará a Dirección Comisiones día, hora, lugar y temario a ser tratado, a fin de garantizar lo establecido en el artículo 44 inciso d. A pedido de un número mínimo de tres senadores, integrantes de cualquier comisión, se incorporarán al temario de la reunión, los asuntos entrados que éstos soliciten". -
Art. 98: "Las comisiones se reúnen y dictaminan sus asuntos en el Senado. Sin perjuicio de ello, cuando circunstancias especiales lo aconsejen, las reuniones podrán realizarse en el lugar que se considere más conveniente para la consecución de los fines perseguidos.
Las reuniones de comisión son públicas. Sólo puede declararse su carácter reservado por decisión de dos tercios de sus miembros y cuando los asuntos a tratar requieran de estricta confidencialidad. Los senadores que no sean miembros de una comisión pueden asistir a sus reuniones y tomar parte en las deliberaciones, pero no en la votación. Los autores de los proyectos serán especialmente citados. A las reuniones reservadas, únicamente pueden concurrir senadores y las personas especialmente citadas por la comisión. En todos los casos las reuniones de la comisión de Acuerdos serán públicas". -
Art. 44: "El secretario parlamentario dispone todo lo necesario a fin de que se publique en el sitio de internet de esta Cámara la siguiente información: a. Los decretos de carácter parlamentario emitidos por la Presidencia del cuerpo. b. Días y hora de las sesiones y su correspondiente temario. c. Proyectos ingresados, la descripción de sus pasos administrativos y los respectivos órdenes del día. d. Día, hora y lugar donde se efectuarán las reuniones de las distintas comisiones, consignando los temas a tratar". -
VI.- De dicho contexto se extrae:
1.- Las reuniones de las comisiones son públicas y sólo pueden declararse su carácter reservado por decisión de dos tercios de sus miembros y cuando los asuntos a tratar requieran de estricta confidencialidad. -
2.- Se efectúan en el Senado, a menos que circunstancias especiales aconsejen realizarlas en el lugar que se considere más conveniente para la consecución de los fines perseguidos. -
3.- Cada comisión establecerá día y hora de sus reuniones. -
4.- Con una antelación, como mínimo de 48 hs. cada comisión notificará a la Dirección de Comisiones el día, hora, lugar y temario a ser tratado, a fin de garantizar que el secretario parlamentario disponga de todo lo necesario a fin de que se publique dicha información en el sitio de Internet de la Cámara de Senadores. -
VII.- Existe acuerdo entre las partes también sobre el hecho de que la Cámara de Senadores cumple con la obligación de informar los días en que se celebran las reuniones de la CPMRC. Pero sobre el punto la actora cuestiona que dicha información no es suficiente para lograr el efectivo acceso a las reuniones. -
En la web www.senado.gov.ar, bajo el link correspondiente a la "Agenda de Reuniones de Comisión", en el ítem "Reuniones Previstas para el Año Legislativo", surge que la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuantas se reúne los días jueves cada quince días. -

Ahora bien, es de destacar que en el ítem "Próxima Reunión Confirmada" se lee: "Agenda no suministrada". Con lo cual la página no ofrece la posibilidad de conocer la hora, el lugar y el temario a tratar en cada reunión. -
Sobre el punto cabe advertir que en el caso de otras comisiones, como ser las de Acuerdos; Asuntos Administrativos y Municipales; Derechos y Garantías; Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; Legislación General; Minería, Energía y Combustibles; Población y Desarrollo Humano; Presupuesto y Hacienda; Seguridad Interior y Narcotráfico; Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; Trabajo y Previsión Social; Turismo; Defensoría del Pueblo; de Seguimiento de las Facultades Delegadas al PEN por la Ley 25.561 y otras más, bajo el mismo ítem "Próxima Reunión Confirmada" se puede acceder al link "Ver Agenda". -
Tomando como ejemplo la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al PEN por la ley 25.561, que en términos generales puede tener una trascendencia institucional similar a la de la CPMRC, en lo que se refiere a la función de control respecto de la Administración Pública, se advierte que allí se informa: "REUNION DE COMISION. Comunico a usted, que por disposición del señor Presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional Ley 25.561, Senador Nacional D. Gerardo MORALES, la misma se reunirá el día 27 de junio del corriente año, a las 13.30 horas, en el Salón "Pablo Ramella" – sito en el 4º Piso del Edificio Senador Alfredo L. Palacios-. TEMARIO:
1. Expte. HCD 231 O.V.: UNIREN remite propuesta de Renegociación Contractual de la Empresa de Trasporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A. (TRANSNEA S.A.), en cumplimiento del Artículo 4º de la ley 25790. Ingresado a la Mesa de Entradas de la H.C.D.N. el día 10 de mayo de 2006.
2. Expte. Nro. 103-PE-02, - Dto. 577/02, de dolarización de Tasas Aeroportuarias. Modificación del Art. 2º, de dicho decreto, estableciendo la pesificación de la totalidad de las tasas aeronáuticas para vuelos internacionales en dólares según cotización del Bco. de la Nación Argentina.
3. Se informa a los Señores Legisladores/as que el día 14 de junio del corriente año ingresó por Mesa de Entradas del H. Senado de la Nación, el Expte. OV 172/06, Ministerio de Economía y Producción de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios UNIREN- Remite Propuesta de Renegociación Contractual de la Empresa de Transporte Ferroviario de cargas Ferro Expreso Pampeano S.A. –FEPSAoperando su vencimiento de acuerdo a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 25.790 el día 13 de agosto de 2006. Nota: la documentación correspondiente al Expte. OV. 172/06 – Ferro Expreso Pampeano S.A. se encuentra a disposición de los señores Asesores, para su consulta, en las oficinas de esta Secretaría, sita en la Avda. Entre Ríos 149, 7 ‘V’". -
VIII.- Esta circunstancia, que se repite en el caso de las demás comisiones exhiben una agenda detallada, lleva al Tribunal al convencimiento de que no existe una imposibilidad material que determine informar a través de la página web del Senado, día, hora y lugar específico en que se reunirá la CPMRC, así como una breve referencia a los temas que se tratarán. -

Desde esta perspectiva, además, pierden entidad las alegaciones de la demandada relativas a las necesidades de carácter político de los señores legisladores puesto que la cuestión se reduce a la adopción de un adecuado orden interno de funcionamiento. Téngase en cuenta que en muchos casos de agendas publicadas por diversas comisiones surge la necesidad de suspender reuniones previamente informadas. -
De esta forma, el incumplimiento de las obligaciones reglamentarias por parte de la demandada ostenta la entidad suficiente para generar una violación al derecho a la información reconocido por el art. 42 de la CN (en igual sentido, Sala III del fuero, in re: "Centro de Implementación de Políticas Públicas E. y C. y otro c/ Honorable Cámara de Senadores del Congreso Nacional s/ Amparo Ley 16.986", del 27 de mayo de 2005, especialmente Considerando VII y sus citas de doctrina y normativas a las que este Tribunal se remite por economía procesal). -
Este derecho a la obtención de información sobre los actos públicos, ha sido entendida por la Corte Suprema como inherente al sistema republicano y a la publicidad de los actos de gobierno (CSJN, Fallos 321:2767, voto del Dr. Fayt). -
En consecuencia, la demanda debe prosperar, ordenándose a la demandada que cumpla con las disposiciones previstas en los arts. 44, 98 y 103 del Reglamento de la Cámara de Senadores en lo que se refiere a las reuniones de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. -
IX.- Ahora bien, la actora solicita también que se asegure la posibilidad de acceso a dichas reuniones a todo ciudadano que así lo requiera. -
Sobre el punto, cabe destacar que, a criterio de este Tribunal, resulta intrascendente la comparación que propone la demandada con las sesiones del pleno, a fin de concluir que la diversa naturaleza de la labor obsta extender el principio de publicidad. -
Dicho principio de publicidad, con relación a las reuniones de las comisiones, se encuentra expresamente consagrado por el art. 98 del Reglamento del Senado y surge implícito de los arts. 44 inc. d) y 103 de dicho ordenamiento. -
Ahora bien, con relación a esta cuestión se advierte que la actora no demuestra que la demandada haya realizado acto alguno que con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta le haya impedido a sus representantes o ciudadano alguno presenciar las reuniones de la Comisión, en violación al principio de publicidad supra indicado. -
X.- En este contexto, se debe poner de relieve que no es función de este Tribunal efectuar declaraciones en abstracto sino resolver causas o controversias de modo que la sentencia que se dicte sea útil para la resolución de un conflicto concreto de intereses, conforme lo dispone el art. 116 de la CN. -

En el sub lite dichas circunstancias no concurren puesto que teniendo expresamente reconocido el derecho, la parte actora no prueba que el mismo haya sido vulnerado por actos imputables a la demandada. -
En consecuencia, en este punto, se rechaza el amparo. -
XI.- Por último, en lo que respecta a la comunicación en un medio masivo del cambio de circunstancias operado en el seno de la Comisión, la acción tampoco puede prosperar.-. Ello es así toda vez que en los hechos, todo interesado en las cuestiones que se discuten en la Comisión, tendrá pleno acceso a la información requerida que se manda publicar por la presente en la página web. -
Además, nada obsta que la actora dada la elevada función social que cumple por mandato constitucional, se encargue de estimarlo necesario, de efectuar la pertinente divulgación de lo aquí decidido. -
Por lo expuesto, FALLO:
I.- Hacer lugar parcialmente a la acción de amparo interpuesta por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) contra el Honorable Congreso de la Nación – Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y en consecuencia, se ordena a la demandada a que cumpla con las disposiciones previstas en los arts. 44, 98 y 103 del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, en lo que se refiere a la publicidad, a través de su página web, de la información relativa a las reuniones de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. -
En todo lo demás se rechaza la acción. -
II.- Las costas se imponen por su orden, atento los vencimientos parciales y mutuos (art. 71 del Código Procesal). -

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese. -

Fdo. Cecilia G. M. de Negre Juez Federal Subrogante Registrado al folio 720 a 727 del

libro de Sentencias del Juzgado Año 2006. Conste. -
Archivo adjunto: Caso ACIJ
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