Miércoles, 22 de Noviembre de 2017
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“El acceso a la información ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: bases para una estrategia regional”, por Juan Pablo Olmedo.



En octubre de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó por primera vez a un Estado por negar el acceso a información pública. Olmedo fue el abogado que impulsó el caso, cuya resolución marcó una bisagra en este tema. A través de su testimonio, recogido durante un seminario internacional realizado en Argentina, no sólo recordó las dificultades que debió sortear durante el proceso judicial; también habló de los desafíos que surgen tras la sentencia contra el Gobierno chileno. Sugirió alianzas e intercambio de experiencias entre la sociedad civil.



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“Relatorio 2006 sobre libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información”, por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU)



Según el informe anual de la entidad sindical, durante el 2006 se registraron problemas con el acceso a la información pública. No sólo porque un periodista debió promover un amparo contra un organismo del Estado, sino porque la Suprema Corte de Justicia estuvo a punto de restringir, circular mediante, el acceso a expedientes judiciales. Si bien se presentó un proyecto de ley de acceso a la información promovido desde la sociedad civil, su debate en el Congreso no prosperó. Además el informe contiene un detallado repaso de lo sucedido con la libertad de prensa y de expresión en Uruguay.



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“Mecanismos internacionales para la promoción de la libertad de expresión”, declaración conjunta de los Relatores Especiales de Libertad de Expresión de la OEA, Naciones Unidas, Comunidad Europea y Comisión Africana de Derechos Humanos.



En su séptima declaración conjunta, los cuatro Relatores Especiales para la Libertad de Expresión a nivel mundial reclamaron mayor apertura de las organizaciones públicas nacionales e internacionales, exigiéndoles que divulguen información clave para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. También exhortaron para que, en caso de negarse el acceso a información pública, intervengan órganos independientes que reciban las quejas y permitan hallar una solución al conflicto. Además destacaron el papel de los Estados para defender y garantizar la libertad de expresión.



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