Miércoles, 22 de Noviembre de 2017
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“El acceso a la información en Santa Cruz es una materia pendiente”, por Mariela Arias

En la provincia hay un solo municipio, El Calafate, que cuneta con una norma relacionada con este tema. Sin embargo, la autora sostiene que muy pocos vecinos la conocen. Y que son muchos menos los que la invocan. También afirma que otra obligación de la Municipalidad de El Calfate, como la publicación del Boletín Oficial en Internet, sigue siendo una promesa incumplida. Por eso Arias opina que el acceso a la información es un tema pendiente. Y pone como ejemplo el silencio oficial ante el destino de millonarios depósitos en el extranjero.
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“Las lecciones que deja el ejercicio de ciudadanía”, por Juan Bracco

El 27 de octubre, por primera vez y a pedido de un ciudadano, la Escribanía Municipal de Paraná abrió la urna que contiene las declaraciones juradas de funcionarios y concejales. El hecho confirmó irregularidades como las presentaciones fuera de tiempo o que en lugar de informar sobre su patrimonio un funcionario diera cuenta de los primeros seis meses de gestión. Pero el autor de este artículo, que invocó la ordenanza que regula el acceso a la información para obtener copia de esa documentación, considera que hay otras consideraciones que hacer a partir de ese ejercicio de ciudadanía.
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“La obediencia debida de la Oficina Anticorrupción de Entre Ríos”, por Oscar Londero

En Entre Ríos no se puede invocar el decreto que regula el acceso a la información pública en el Poder Ejecutivo para que un funcionario dé cuenta de sus actos. Y mucho menos al gobernador Jorge Busti. Así lo dispuso la Oficina Anticorrupción, que relevó al mandatario de su obligación de informar acerca de su pedido para que se difunda la lista de agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que se desempeñó durante la última dictadura militar. El autor opina que el responsable de la OA, Luis Pedemonte, no leyó el decreto 1.169 y por eso pudo justificar el silencio de Busti.
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