Miércoles, 22 de Noviembre de 2017
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“Transparencia y acceso a la información pública. Derecho y normatividad adecuada”, por Miguel Rodríguez Villafañe.

El autor afirma que el acceso a la información está ligado con el principio de publicidad de los actos de gobierno y su ejercicio garantiza una democracia republicana, respetuosa de los derechos humanos. Pero entiende que para darse eso es necesario un sistema legal claro y operante, una voluntad estatal por cumplir con ese compromiso y una sociedad civil vigilante y activa en la plena vigencia del derecho de acceso a la información pública. Rodríguez Villafañe señala que debe promoverse la sanción de normas que cumplan con 20 principios esenciales.

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“Acceso a la información pública, un derecho de todos”, por Dolores Lavalle Cobo.

La autora postula que con participación ciudadana y el uso de este mecanismo se puede transformar la burocracia estatal y la cultura del secreto enquistadas en la administración pública –tanto nacional como provincial y municipal-, que ponen un escollo a la transparencia de los actos de gobierno. Además, destaca que el ejercicio de este derecho plantea desafíos. Señala, entre otros, un cambio cultural en las instituciones públicas, la capacitación del personal involucrado en el suministro de información y una difusión de este derecho que permita una participación activa de la sociedad civil.

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“Información pública y anticorrupción”, por Nelson. J Schlotahuer.

El autor destaca que el control ciudadano es esencial si se quieren promover políticas de transparencia. Y el acceso a la información pública permite que haya un efectivo “control popular” anticorrupción. Por eso Schlotahuer afirma que leyes como las de Ética Pública y de Financiamiento de los Partidos Políticos permiten que cualquier persona se convierta en una suerte de “fiscal popular” que indague sobre el patrimonio de los funcionarios o que controle cómo se utilizan fondos públicos.
Tareas con las que se puede colaborar con los órganos de contralor.

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“Desinterés oficial en promover una ley de acceso a la información pública en Entre Ríos”, por Oscar Londero.

En julio de 2004, al reunirse con autoridades del Sindicato de Prensa, el gobernador Jorge Busti se comprometió a impulsar la sanción de una ley que reglamente ese derecho en los tres poderes del Estado. Sin embargo, pasó el tiempo y no se produjeron los dictámenes que el mandatario dijo que iba a solicitar tanto a la Fiscalía de Estado como a la Secretaría Legal y Técnica.
Así lo confirman las respuestas que esos organismos brindaron tras la realización de sendos pedidos de acceso a la información pública según los términos del decreto 1.169/05 GOB.

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